La Cámara de Diputados de México rechazó este martes una polémica reforma electoral propuesta en abril por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que según los críticos tenía el potencial de socavar la independencia de sus autoridades.

Aunque la propuesta obtuvo 269 votos a favor y 225 votos en contra, el partido gobernante Morena y sus aliados parlamentarios no pudieron sumar los dos tercios necesarios para aprobar los cambios propuestos por López Obrador.

Entre otros puntos, la propuesta rechazada pretendía reemplazar al Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano electoral autónomo del país, por un organismo más pequeño, pero con más competencias; que sus autoridades sean electas por sufragio universal; recortar la financiación a los partidos políticos, y reducir el número de diputados.

La reforma electoral propuesta por López Obrador buscaba abaratar los costos del sistema político mexicano, pero la iniciativa tiene varios puntos controvertidos que llevaron a cientos de miles de personas a marchar en la Ciudad de México y en más de una treintena de ciudades en el país para oponerse a la propuesta que, según la oposición, es una estrategia para eliminar al INE.

La propuesta pretendía un ahorro estimado de unos US$ 1.200 millones (24.000 millones de pesos mexicanos) al plantear ajustes en la burocracia electoral y legislativa, así como una disminución en el presupuesto de los partidos políticos.

Tras la manifestación nacional, convocada por unas 50 organizaciones civiles, partidos políticos y legisladores de oposición, las dirigencias de los partidos PAN, PRD y PRI dijeron que votarían en contra del proyecto.

Por su parte, López Obrador dijo que la protesta fue «racista» y «clasista» y anunció que él y su partido Morena, que cuenta con mayoría en el Congreso, tenían un «plan B» en caso de que su iniciativa de reforma constitucional electoral fuera rechazada.

Este plan, según el mandatario, propone modificaciones a las leyes secundarias y no a la Constitución como estaba planteado en un principio, lo que supone negociar con todas las fuerzas políticas para sacarla adelante. Estas modificaciones a la ley no requieren las dos terceras partes de los votos para ser aprobadas (solo mayoría simple).