El Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional se citan para seguir negociando la paz a inicios del próximo año. La próxima ronda de diálogos entre el Ejecutivo de Gustavo Petro y la última guerrilla activa en el país se celebrará en México, según anticiparon a EL PAÍS fuentes del proceso y confirmaron los garantes en el cierre del primer ciclo de conversaciones. Después de tres semanas en Caracas, en las que las partes han sentado las bases de las conversaciones entre el Estado y la insurgencia para encontrar una solución a un conflicto armado que lleva más de medio siglo, las dos delegaciones se trasladarán al país norteamericano.

Sin llegar a concretar el esperado alto al fuego bilateral, las delegaciones cerraron este lunes el primer ciclo de negociaciones con el anuncio de un acuerdo parcial sobre “acciones y dinámicas humanitarias” en dos regiones puntuales a partir de enero de 2023: el Bajo Calima, en el departamento del Valle del Cauca, y el Medio San Juan, en el Chocó, ambas sobre el corredor del Pacífico, en el occidente del país. También reconocieron la grave situación que se vive en las cárceles y acordaron la “atención de emergencia humanitaria a un grupo de presos políticos” del ELN. Asimismo, destacaron que la guerrilla ya ha dejado en libertad a 20 personas, entre civiles e integrantes de la fuerza pública, desde el pasado 7 de agosto, cuando asumió Petro, ”en manifestación clara de su compromiso con la paz de Colombia”.

La actual negociación ha arrancado en la capital de la vecina Venezuela con ese país, Cuba y Noruega como países garantes. Entre sus primeros acuerdos, la mesa de diálogos invitó a Brasil, Chile y México para sumarse con ese estatus. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó casi de inmediato, el 25 de noviembre, con motivo de la visita de Petro a Ciudad de México. El embajador norteamericano en Caracas, Leopoldo de Gyves, destacó que “México otorga a los procesos de paz la más alta importancia” al confirmar que será la próxima sede en la clausura del ciclo que tuvo lugar en el hotel Humboldt de la capital venezolana. El siguiente tendrá lugar en enero de 2023, y en este momento se están analizando las fechas propuestas y los aspectos logísticos, explicó el diplomático.

En los diálogos con el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), que los negociadores siempre han querido retomar en el punto donde quedaron suspendidos, ya se contemplaba la figura de una sede rotativa entre varios países latinoamericanos. En los dos casos, el proceso ha contado con un amplio respaldo de la comunidad internacional, y más aún en momentos que las fuerzas progresistas avanzan posiciones en la región. Las delegaciones también han acordado que Alemania, Suecia, Suiza y España serán países acompañantes del proceso, al igual que la Iglesia y las Naciones Unidas. También contemplan la posibilidad de que Estados Unidos tenga un enviado especial a la mesa.

Los acercamientos con el ELN suelen tener un fuerte componente internacional, una tradición creada a lo largo de diálogos con distintos gobiernos colombianos en lugares tan distantes como Caracas y Maguncia, en Alemania. “Al ELN se le nota una especie de fascinación por el roce con la comunidad internacional que les proporciona el marco de unas negociaciones públicas”, escribe Juan Camilo Restrepo, el jefe negociador del Gobierno Santos, en sus memorias Cuatro crisis que marcaron a Colombia (Planeta, 2022).

Desde la propia campaña que lo llevó al poder, Petro se ha propuesto retomar el proceso que había puesto en marcha Santos, suspendido durante el período de Iván Duque (2018-2022), y su equipo de paz ha insistido en que el diálogo actual es una continuación de esa negociación. En ese entonces, la fase pública de conversaciones se inició a comienzos de 2017 en Quito, Ecuador, con la premisa de que las sesiones de trabajo también podían tener lugar en Brasil, Venezuela, Chile o Cuba. Después se trasladaron a La Habana, que ya había albergado la negociación que llevó al acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC.

Duque, un crítico del acuerdo con las FARC, dio por terminado el diálogo con el ELN al comienzo de su Gobierno después de que ese grupo hizo estallar un carro bomba que mató 23 personas en una escuela de cadetes en Bogotá. La ruptura trajo un alto costo diplomático para Cuba. Duque desconoció los protocolos firmados por las partes, lo que dejó en el limbo a la delegación del ELN que se encontraba en la isla. La Habana se negó a extraditarlos, y siguieron años de hostilidad diplomática desde Bogotá. Cuando el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos designó a Cuba como un “Estado patrocinador del terrorismo”, en enero de 2021, justificó su decisión en los reclamos de Duque.

“La Mesa retoma el proceso truncando en agosto 2018 y ratifica su decisión de construir sobre lo construido”, destaca en su arranque el comunicado con el que las delegaciones concluyeron el primer ciclo de trabajos. “Así mismo reitera el compromiso de respetar el papel de los países garantes, evitando que vuelva a presentarse una situación contraria al derecho internacional, tal como aconteció en el pasado Gobierno, cuando se desconocieron los protocolos acordados y se agredió a los países garantes, especialmente a Cuba”.

De acuerdo con las cifras más recientes del Ejército, el ELN tenía al menos 2.350 combatientes en 2021 y una notoria presencia tanto en regiones fronterizas con Venezuela como en los departamentos del corredor del Pacífico. En el mapa nacional de riesgos por la presencia del ELN que presentó la semana pasada la Defensoría del Pueblo se observan sus zonas de mayor influencia. De acuerdo con ese diagnóstico, “tiene presencia, hace tránsito o intermitencia” en 22 de los 32 departamentos, principalmente en Norte de Santander, Chocó, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En Arauca mantiene una guerra con las disidencias de las FARC que se apartaron del proceso de paz y en el Chocó con el Clan del Golfo, el mayor grupo del narcotráfico.