La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) despidió el año pasado a su director en México, Nicholas Palmeri, por sus vínculos con varios abogados que defienden a narcotraficantes. La destitución se produjo en marzo de 2022, pero no se había hecho pública hasta ahora, fruto de una investigación de Associated Press (AP) y The Washington Post. La semana pasada, el Departamento de Justicia ya había anunciado otra investigación de su oficina de asuntos internos contra Palmieri por “uso de fondos de la lucha contra las drogas para propósitos inapropiados”. La destitución del director de una de las oficinas más importantes de la agencia, que abarca también Canadá y Centroamérica, llegó además en un momento especialmente delicado en la relación de la DEA y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Palmieri, de 52 años, llegó al cargo a principios de 2020 tras pasar por la policía de Nueva York y por la oficina de la DEA en Guadalajara. Según informes confidenciales citados por AP, el agente mantuvo contactos con varios abogados de narcotraficantes en Miami que infringieron los códigos internos de la agencia. “Un conocido abogado recibió a Palmeri y a su esposa, nacida en México, durante dos días en su casa en los Cayos de Florida, un viaje que, según la DEA, no tenía ningún propósito laboral útil y violó las reglas que rigen las interacciones con abogados, las cuales están diseñadas para evitar incluso dar la apariencia de irregularidades”

En el marco en la investigación interna, Palmeri, habría reconocido ante los investigadores el encuentro con el abogado en febrero de 2021, justificando que su esposa trabajaba como traductora para otro letrado del mismo perfil. El propósito del viaje a Miami esgrimido por el agente habría sido “interrogar” a una fuente confidencial. Palmeri llegó con su esposa y una botella de vino, según el informe interno. ”La reunión tenía la apariencia de una interacción social con una fuente confidencial”, se recoge en el expediente citado por AP, “y no hubo documentación oficial de la DEA con relación al asunto del interrogatorio, ambas violaciones a la política interna”.

El expediente abierto al agente derivó en su traslado a Washington en mayo de 2021, dejando la oficina de Ciudad de México descabezada en un momento crítico de la relación con el gobierno mexicano. Tan solo un mes antes, López Obrador había decidido cerrar la unidad de élite de la policía mexicana de investigación antidrogas, que durante más de 25 años trabajó mano a mano con su homóloga estadounidense. El carpetazo al grupo de antinarcóticos, que compartía información confidencial con la DEA y que participó en operaciones clave como la detención de El Chapo Guzmán, se conoció a finales de abril por una información de la agencia Reuters pero la decisión fue tomada hace más de un año. El presidente mexicano defendió su decisión acusando al grupo que trabajaba con la DEA de “fabricar delitos”, “estar infiltrado por la delincuencia” y “hacer lo que querían”.

La supuesta libertad de movimientos en territorio mexicano fue el mismo argumento utilizado por López Obrador dos años antes para poner coto a la actividad dentro del país de los servicios de inteligencia extranjeros. Una medida especialmente centrada en los agentes estadounidenses y que fue uno de los primeros focos de tensión con el vecino del norte en plena transición, entonces, con el Gobierno de Joe Biden.

Los escándalos rodean últimamente a la DEA. En 2020, uno de sus agentes fue condenado a 12 años de cárcel por lavado de dinero para los carteles colombianos. Un juez federal dictaminó también que el agente desvió más de 9 millones de dólares del presupuesto destinado a operaciones de incógnito a la compra personal de coches de lujo, viajes y fiestas.

Además del caso con los abogados, la segunda investigación interna a Palmeri también certificó el desvío de fondos para “usos inapropiados”, como por ejemplo pagar viajes e incluso su propia fiesta de cumpleaños. Contactado por The Washington Post, el ya exdirector de la DEA en México declaró que su salida se debió a “una narrativa mal ejecutada para separarme del cargo”, además de aclarar que no fue despedido sino “obligado a jubilarse”. La posición oficial de la DEA, recabada también por el Post, se ha centrado en resaltar que “cuando un trabajador no cumple con los códigos y normas internos, la agencia actúa de forma drástica, como en este paso apartando al trabajador”.