El Gobierno de México envió el 18 de octubre de 2021 una carta dirigida al reo número 59745-177 del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Preso por narcotráfico y delincuencia organizada en Estados Unidos, Genaro García Luna recibía el aviso oficial de que las autoridades de su país también iban a abrir otro frente legal en su contra. “Deliberada e ilegalmente, usted obtuvo o usó un total de al menos 250 millones de dólares que legítimamente le pertenecen a los Estados Unidos Mexicanos”, se lee en el documento. La demanda civil, interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera, afirma que el exsecretario de Seguridad Pública aprovechó sus contactos después de dejar su puesto y encabezó un esquema corrupto que desvió fondos públicos para crear un “imperio” inmobiliario en Florida. La bomba se filtró esta semana a los medios prácticamente al mismo tiempo que García Luna se sentaba en el banquillo de los acusados en el inicio del juicio penal en Nueva York, en el que es señalado de colaborar con el Cartel de Sinaloa durante más de 20 años. Son dos pistas diferentes que siguen el rastro del dinero corrupto y que transcurren en paralelo. La Casa Blanca persigue, en parte, los sobornos del narco y las autoridades mexicanas van tras él por fraude y malversación, con daños que ascienden hasta los 750 millones de dólares.

La batalla legal de Estados Unidos y México contra García Luna va por dos carriles separados. El juicio en Nueva York es un caso penal contra el antiguo jefe de la Policía Federal, pero también tiene una derivada económica, ya que se le acusa de recibir “decenas de millones de dólares” en sobornos del narcotráfico desde 2001, a los pocos meses de que asumió como director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), creada durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Los nexos del exfuncionario y la delincuencia organizada se estrecharon especialmente cuando fue secretario de Seguridad Pública en la Administración de Felipe Calderón (2006-2012), pero continuaron varios años después, incluso tras su detención en 2019 en Texas, argumentan los fiscales. Por otro lado, el caso que construyeron las autoridades mexicanas es una demanda civil en Florida. Los casos civiles no se zanjan con penas de cárcel, sino que suelen reclamar que el acusado pague dinero.

No hay un precedente de que el Gobierno mexicano utilizara una estrategia legal similar para recuperar fortunas amasadas por actos de corrupción que terminaran en otros países. “Lo que nosotros vamos a procurar es recoger el dinero, eso nos corresponde a nosotros”, dijo esta semana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ha aprovechado el juicio penal en Nueva York para poner en la agenda los reclamos de México en la corte de Miami. El mandatario ha dejado claro que el proceso contra García Luna es una de sus máximas prioridades y que será un tema recurrente en sus conferencias de prensa diarias. El presidente ya se había quejado en varias ocasiones de que EE UU se suele quedar con la riqueza que políticos y narcotraficantes logran construir mediante actos criminales o de corrupción cometidos en México. “Es un drama judicial”, comentó sobre el juicio penal.

La batalla de la UIF no ha sido fácil. También en México fue objeto de controversia y de fuego amigo dentro del propio Gobierno federal. La demanda inicial se presentó ante la Corte del 11º Distrito Judicial de Florida el 21 de septiembre de 2021, semanas antes de que Santiago Nieto dejara la dirección de la UIF. El brazo de la Secretaría de Hacienda contra el lavado de dinero contrató a un despacho de abogados de Estados Unidos para que actuara como su representante en el litigio: la firma Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, PA, conocida como KCM. A cambio de sus servicios legales, el Gobierno mexicano se comprometió a pagar a los intermediarios el 30% de lo que lograran recuperar en los tribunales de la fortuna corrupta de García Luna, que la demanda estimaba en 250 millones de dólares. Si la demanda no prospera, los litigantes estadounidenses se irán con las manos vacías.

La contratación de un intermediario privado para representar a la UIF levantó las sospechas de la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, que mantuvo una pugna política contra Nieto cuando este fue parte del Gobierno federal. La FGR inició una carpeta de investigación y acusó al funcionario de Hacienda de uso ilícito de atribuciones por haber contratado a la firma de abogados para representar al país. Nieto se defendió en su momento con el argumento de que México no cuenta con una representación jurídica para encabezar procesos semejantes en EE UU, y señaló que el contrato era equiparable al que suscribió la Secretaría de Relaciones Exteriores para contar con una representación legal en la demanda de México contra empresas armamentistas. Nieto se lamentaba de que los cuestionamientos de la FGR sobre el contrato con KCM le daban argumentos a la justicia estadounidense para desconocer la legitimidad del litigio y ponían en riesgo la recuperación del dinero público robado por García Luna.

La demanda pareció tambalearse cuando Nieto dejó la UIF y fue sustituido por Pablo Gómez, un político y economista de izquierda de todas las confianzas de López Obrador. Pero Gómez ratificó en la corte de Florida el litigio iniciado por Nieto y el 31 de octubre de 2022 presentó una ampliación de la demanda en la que elevó a 745,4 millones de dólares la fortuna ilícita de García Luna, de la que busca recuperar cuando menos 600 millones de dólares. La UIF ha sido enfática en afirmar que el exfuncionario construyó su riqueza con dinero “robado” a México mediante actos de corrupción.

La demanda enlista 30 contratos entregados por instituciones públicas a empresas de García Luna o de sus testaferros entre 2009 y 2018. El dinero desviado del erario era transferido a cuentas en Barbados, Israel o EE UU y luego era invertido en empresas y bienes en Florida. “Bajo la dirección de García Luna, los fondos ilegalmente tomados del Gobierno de México fueron usados para construir un imperio de blanqueo de dinero que incluye al menos 30 compañías, al menos 30 bienes raíces, múltiples autos y yates, numerosas inversiones bancarias y bienes localizados en Florida”, señala la demanda.

El Gobierno mexicano atribuye a García Luna un complejo entramado que incluye empresas fachada en paraísos fiscales como Panamá o el Estado de Delaware. Se asegura que el exsecretario también echó mano de fideicomisos para administrar los bienes, una de las estructuras financieras más opacas y alejadas del brazo de las autoridades. El esquema utiliza empresas para la adquisición de propiedades, pero también apela a otras compañías para hipotecar los activos, lo que permitía a los beneficiarios tener flujos constantes de dinero que les permitían tener un estilo de vida lleno de lujos, se reclama en la demanda.

La UIF acusa también a Linda Cristina Pereyra, la esposa de García Luna, de ser una de las mayores beneficiarias del “imperio de lavado de dinero” que encabezó su marido, así como a otros seis cómplices que actuaron como testaferros y ayudaron a que la pareja se estableciera en Miami durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). A cambio, el exfuncionario abrió empresas de consultoría que les ayudaron a hacerse de múltiples contratos gubernamentales y a dividir los beneficios entre los socios, según los actos reclamados por el Gobierno mexicano.

En las últimas dos semanas, Pereyra ha estado presente en casi todas las audiencias que ha habido del juicio en Nueva York. Sentada en una banca de la corte de Brooklyn reservada para la familia del acusado, la mujer de García Luna ha saludado y mandado besos a la distancia a su esposo, y ha evitado tener contacto con los casi 20 reporteros que entran a la sala en cada sesión para cubrir el juicio, que se sientan a sus espaldas. Las reglas prohíben que los periodistas aborden a otros asistentes para entrevistarlos dentro del tribunal. Pereyra suele entrar y salir escoltada por el equipo de abogados que defiende a su marido y no ha dado declaraciones a la prensa tras abandonar el recinto.

La posibilidad de que los caminos del juicio penal de Estados Unidos y de la demanda civil de México se cruzaran era latente hasta hace unos días. El proceso judicial contra García Luna ha provocado una tormenta política en México ante el hecho de que las acusaciones puedan salpicar a por lo menos tres expresidentes: Fox, Calderón y Peña Nieto. Los fiscales, de hecho, fueron enfáticos en su momento en señalar el estilo de vida lujoso del acusado tras mudarse a Florida y establecieron por escrito que vivió en mansiones y navegó en yates, facilitados por sus socios.

El juez Brian Cogan, sin embargo, cerró la puerta a que se hablara de la fortuna de García Luna después de dejar el Gobierno de Calderón. “Este tribunal no va a permitir que el jurado especule sobre el hecho de que el estilo de vida del acusado al abandonar su cargo se financió con dinero del cartel, cuando no hay evidencia de que ese sea el caso”, señaló en una orden emitida el pasado 19 de enero sobre los testimonios que se iban a admitir en la corte y las preguntas que se iba permitir hacer a ambas partes.

En un revés para la Fiscalía, Cogan no vio que las autoridades pudieran demostrar que existiera un vínculo entre el caso por narcotráfico y la supuesta corrupción que cometió durante el Gobierno de Peña Nieto. El juez dijo que los fiscales pueden presentar más adelante evidencia sobre el trabajo del exfuncionario como consultor, pero señaló que a menos de que pueda sustentar que estaba “ofreciendo servicios de consultoría para los miembros del cartel, esta evidencia es claramente irrelevante”.

Estados Unidos persigue la sombra de la complicidad entre el narco y las autoridades. México va tras el rastro de un sistema multimillonario de corrupción gubernamental. En esa encrucijada, difícil de disociar en el juicio mediático, los reflectores están sobre García Luna, que sostiene su inocencia en medio de un huracán político y dos frentes de una batalla legal sin precedentes contra un exfuncionario mexicano. A la espera de que avance la demanda en Florida, el juicio en Nueva York se reanuda el próximo lunes con la próxima ronda de declaraciones de una lista que incluye al menos 70 testigos listos para declarar en su contra.