Miles de personas han sido víctimas de unas redes de abogados, notarios y funcionarios que operan para arrebatar viviendas y predios, y venderlos a mitad de precio. Dos afectados relatan el laberinto para recuperar sus propiedades

El negocio de las propiedades robadas en Ciudad de México se ha vuelto un millonario botín. Abogados, notarios, políticos, funcionarios y grupos delictivos son parte de una enorme red que se encarga de despojar a personas de sus viviendas o terrenos y comercializarlos a precios menores en un mercado negro. Se trata de una estructura aceitada que consiste en localizar un bien inmueble, estudiar a la víctima y luego sacarle la propiedad en instancias judiciales a las que acuden con documentación falsificada con la ayuda de funcionarios corruptos. Los entramados ilegales, que trascienden diferentes administraciones y colores políticos, han dejado a miles de afectados sin sus propiedades. Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo en 2022 se abrieron en Ciudad de México unas 4.039 carpetas de investigación por el delito de despojo.

Héctor Alonso cae dentro de esos miles de perjudicados. De profesión constructor, el padre de Alonso compró en los noventa un terreno de 9.065 metros cuadrados sobre el Anillo Periférico de Ciudad de México, una de las vías más transitadas de la capital y que rodea la metrópolis. La idea de su padre era construir un hotel de 10 pisos, pero entre crisis y otros proyectos, demoró la construcción y, en el año 2000 cuando se divorció, el terreno con los cimientos de la construcción quedó en manos de su madre. Al año siguiente, la mujer metió la propiedad en un fideicomiso para eventualmente continuar la construcción. No fue hasta una década después, cuando aún no reactivaban la obra civil, que empezaron los problemas.

Junto al predio hay un asentamiento que había sido expropiado y regularizado en los años ochenta. Casi 30 años después, en 2011, un funcionario de la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, decidió incluir en aquella expropiación 3.000 metros cuadrados que pertenecían al terreno de los Alonso y le vendió esa parte, por fuera de la ley, a su propia tía.

Alonso, de 66 años, no se enteró hasta que descubrió que en el registro público de la propiedad existían supuestamente dos dueños del mismo terreno. Había expedientes que determinaban de manera paralela que tanto su madre como un tercero, a quien no conocía, eran dueños del mismo pedazo de tierra, según pudo saber EL PAÍS a través de la sentencia del caso. Alonso asegura que el funcionario que planeó robarse ese predio actuaba en sociedad con notarios y abogados que le ayudaron a regularizar las falsas ventas ante los organismos públicos. “Lo que ellos hacen es ver que tienen un terreno que colinda, y dicen: ‘A ver, métete al registro público. ¿De quién es? Pues fíjate que de una señora que tiene 70 años. Pues está muy bien, ¿por qué no la desarrollará? No debe tener lana”. Eso les lleva a la conclusión de que será más fácil quitarle la propiedad, asegura el empresario.

Las personas de la tercera edad son las víctimas perfectas de la redes que se encargar de despojos. Según reportó recientemente el periódico El Universal, la Fiscalía de Ciudad de México emitió un informe destinado al Congreso local en el que se detallaba cómo operan estas redes. Los adultos mayores con una propiedad en la que no residen o a la que visitan poco representan el grupo más vulnerable al actuar de estos grupos delincuenciales, que ponen especial atención a propiedades ubicadas en zonas de alto poder adquisitivo, que luego serán más fáciles de vender.

Todos estos ingredientes se cumplieron de manera extrema recientemente. El conocido como caso de los hermanos Tirado acabó con tres personas asesinadas en una casona porfiriana de dos plantas de la colonia Roma, una de las más caras de la capital. El motivo del crimen fue precisamente el despojo del inmueble tras la muerte de su propietario, un anciano que había dejado la casa a sus herederos.

Las peleas por las propiedades se vuelcan entonces en los tribunales, donde las dos partes de la estafa —víctima y victimario— pasan años intentando demostrar a quién realmente pertenece el predio. En ese espinoso camino, muchas de las víctimas deciden dar por perdida su vivienda o terreno para evitarse el tiempo y el dinero gastado en los juzgados. Otras víctimas han relatado a este periódico que quienes buscaban arrebatarle la propiedad les ofrecían una tregua a cambio de un precio.

Este último es el caso de Alonso, a quien le pidieron cinco millones de pesos para devolverle los 3.000 metros cuadrados que le había robado. “Nosotros no podemos acceder a extorsiones porque así no se acaba nunca. O sea, no podemos como empresarios meternos en esto, porque para la gente que invitamos a invertir tiene que estar todo perfectamente claro”, señala el empresario de la construcción.

Unos 12 años después de haber iniciado la disputa legal, Alonso ha podido probar ante la justicia que esa tierra le pertenece a su familia. El funcionario que se lo había arrebatado fue sancionado con una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años y una multa de 37,9 millones de pesos, de acuerdo a un documento del Órgano Interno de Control de Corett al que accedió este diario. A pesar de eso, el empresario aún no recupera su terreno, que está actualmente bajo resguardo de las autoridades capitalinas.

Firmas falsificadas y contratos por fuera de la ley

Otra de las víctimas de las redes de despojo fue María Eugenia Casillas. La mujer vivía en una casa familiar en la colonia Escandón cuando el 6 de octubre de 2017 sobre las siete de la mañana se despertó con ruidos dentro de la propiedad. Unos 14 hombres se habían metido a su vivienda y estaban sacando los muebles y sus pertenencias a la calle. Asustada por lo que sucedía, Casillas llamó a su hermano y pidió auxilio a algunos vecinos para sacar a los hombres del sitio, luego decidió por miedo retirarse y quedarse unos días con unos familiares, según consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía, a la que tuvo acceso este periódico.

Cuando Casillas asistió al Ministerio Público para entender qué sucedía, se enteró de que alguien había presentado ante las autoridades un contrato de venta de la casa, con su firma en el documento, por lo que la propiedad tenía unos supuestos nuevos dueños. Pero ella no la había vendido. “O le falsificaron la firma o la engañaron y le dijeron: ‘Firma aquí”, dice Roberto Casillas, hermano de María Eugenia. Comenzaron entonces una larga batalla judicial para recuperar la propiedad.

La familia Casillas cree que María Eugenia fue identificada como una posible víctima de las redes de despojo cuando fue a hacer un trámite al registro. Era una mujer de 87 años que se presentó sola y después de ese día comenzaron a espiarla, aseguran. “Esa propiedad nos pertenecía a los hermanos”, dice Roberto, “mis papás eran los dueños, ellos fueron los que construyeron esa casa, cuando murieron nos la dejaron. Hay un documento que [dice que] nosotros legalmente éramos los dueños”.

La Fiscalía acreditó que esa venta había sido fraudulenta, entonces acudió a la propiedad a sacar a los supuestos nuevos dueños. Pero la pesadilla no acabó ahí: cuando pudieron aclarar lo que había sucedido, la casa ya había sido vendida una vez más por aquellos que la habían arrebatado. “Los sinvergüenzas que le quitaron la casa a mi hermana, los que decían que eran los dueños, la vendieron a una mujer. En el Registro Público de la Propiedad también apareció ese nombre”, recuerda Roberto. “Lo tenían todo organizado, es una mafia muy bien orquestada”.

Para que el fraude pudiera suceder, como en muchos otros casos, tuvo que contar con la complicidad de notarios, abogados y funcionarios públicos que permitieron registrar, no una, sino dos ventas irregulares. “En el momento en que se llevaban a cabo las investigaciones, la casa fue vendida otra vez. ¿Cómo explicas eso?”, dice Roberto. Cinco años después, la familia no ha podido aún recuperar la vivienda por diferentes obstáculos burocráticos, cuentan. “Ya sospechamos de todos, porque ha pasado tanto tiempo y no nos regresan la casa. Son cinco años ya. Y nos salen con unos argumentos…”.

Propiedades robadas a la venta por catálogo

Al menos dos fuentes relataron a este periódico cómo un grupo de empresarios ha montado un negocio de venta de las propiedades robadas que son ofrecidas por catálogos. A la constructora de Alonso llegó hace unos ocho años una mujer guapa y bien vestida con una gran oferta bajo el brazo, recuerda. Le ofrecía al empresario adquirir predios en zonas donde ya entonces era difícil conseguir lugares libres por la sobreconstrucción, como en las colonias Roma o Polanco. “Le empiezo a hacer preguntas y me dice: ‘Mire, yo no le puedo explicar todo eso, pero si quiere hacemos una cita para que vengan los licenciados y le expliquen”.

Alonso dijo que sí, los precios estaban muy por debajo de lo que costaban los predios en esa época, y a los días se reunió con los licenciados, que llegaron bien vestidos, en coches caros conducidos por choferes y con sus catálogos de venta en la mano. “Después de cinco preguntas me dijeron: ‘No le vamos a hacer perder su tiempo. Le explicamos rápido, estos son terrenos que están abandonados, que no han pagado predial, que la señora se murió, que no tenía herederos, los recuperamos, los regularizamos y los vendemos”. El empresario los rechazó, no estaba dispuesto a adquirir terrenos que no estuvieran totalmente pulcros, pero reflexiona: “Es una industria, para que toda esa gente pueda vivir de esa manera. ¿Cómo es posible que sigan volteando para otro lado? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Quién paga todo ese dineral?”.