A partir de este lunes, México no podrá vender orquídeas ni cactus, tampoco exportar piel de cocodrilo. La Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) ha ordenado suspender “todo el comercio” con el país debido a que México no está haciendo “lo adecuado” para frenar la pesca ilegal de totoaba y proteger así a la vaquita marina. La sanción afecta a 3.148 especies de plantas y animales. Esta medida, la más radical del organismo, solo se aplica a otros seis países en el mundo: Somalia, Djibuti, Liberia, Santo Tomé y Príncipe, Afganistán y Libia. La Secretaría de Exteriores mexicana ha enviado este lunes a una delegación a Ginebra para tratar de negociar las sanciones. Mientras, las organizaciones ambientales avisan de las duras consecuencias de esta prohibición.

La vaquita marina es el mamífero marino más amenazado del mundo, apenas quedan ocho ejemplares. La especie vive en el mar de Cortés, situado entre la península de Baja California y las costas de Sonora y Sinaloa. Su extinción está directamente relacionada con otro animal: la totoaba, el pez más grande del Golfo de California. La vejiga natatoria de la totoaba se ha convertido en un producto de lujo en China, donde le atribuyen unos supuestos poderes afrodisíacos. Se llega a vender hasta por 60.000 dólares. Este lucrativo negocio ha atraído a centenares de pescadores ilegales y también al crimen organizado.

Las dos especies comparten territorio, lo que provoca que toda esta pesca ilegal tenga lugar en los espacios protegidos donde trata de sobrevivir la vaquita marina. El mamífero suele quedarse atrapado en las redes de enmalle que los pescadores utilizan para atrapar totoaba. Ahí enredada, se ahoga. El desplome es alarmante: en 1997 existían casi 600 vaquitas, en 2016 eran 60, solo un año después cayeron a la mitad, y desde el 2019 hay menos de 10 ejemplares. Ante una extinción anunciada, los organismos internacionales han exigido a México más esfuerzos para protegerla. De momento, sin resultados. La implicación de los grupos criminales ha obligado, incluso, a defensores ambientalistas a exiliarse del país por el riesgo que conlleva intentar proteger esta especie.

En este contexto, la CITES, que regula el comercio y defensa de especies protegidas en 184 países, rechazó el plan presentado por México en febrero para combatir el tráfico ilícito de totoaba. El organismo internacional consideró que no era lo adecuado para afrontar el problema, principalmente por “la ausencia de elementos clave, como plazos claros para la implementación y el logro de los diferentes pasos del plan, con sus correspondientes hitos”. Como consecuencia, en una resolución enviada este lunes, la secretaría de la CITES recomienda “suspender todo comercio de especímenes” con México.

La Secretaría de Exteriores ha asumido el embate y va a enviar una delegación hoy para trabajar en los aspectos a mejorar del plan de acción. Aun así, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emitido un comunicado en el que “considera un trato inequitativo” hacia el país “al no tomar en cuenta el esfuerzo exhaustivo y las múltiples acciones que se han realizado”. México prohibió la pesca de enmalle en el mar de Cortés en 2017, también ha colocado vigilancia de la marina y ha hundido buques de concreto con ganchos para que este tipo de redes no funcionen. Además, según datos oficiales, confiscaron más de 2.300 buches de totoaba, impusieron multas por 337 millones de pesos (17 millones de dólares) y recuperaron 384 redes ilegales entre septiembre de 2019 y septiembre de 2021.

Sin embargo, la pesca ilegal sigue de forma masiva. Este mismo fin de semana, previendo la llegada de las sanciones, alrededor de 200 embarcaciones, sin matrícula ni permisos, estaban lanzando redes para capturar totoaba. Las actividades ilegales se desarrollan dentro del área de refugio de la vaquita marina, que ocupa unos 13.000 kilómetros cuadrados. Ahí dentro está la llamada Zona de Cero Tolerancia —unos 230 kilómetros cuadrados—, donde la Secretaría de Marina colocó el muro de bloques de concreto con ganchos y la vigilancia es más exhaustiva.

En su plan enviado a la CITES, el Gobierno de México se comprometió a utilizar radares, “redoblar la vigilancia” y “sembrar” más bloques de concreto, pero para el organismo internacional hacían falta más medidas que eviten que los pescadores ilegales entren en general en todo el área de refugio. Exteriores también apuntaba a controlar los puertos y aeropuertos para que no se pudiera sacar el buche de totoaba del país: “Es importante señalar que en la problemática del tráfico ilegal de la totoaba hay una corresponsabilidad internacional de países de tránsito y de destino. Asimismo, resulta necesario el cumplimiento del ofrecimiento de CITES para financiar estudios en atención al Alto Golfo de California”.

La sanción permanecerá en vigor hasta que el plan del Gobierno mexicano le parezca adecuado al organismo internacional. Las consecuencias económicas pueden ser millonarias. “Las sanciones de la CITES representan un embargo de proporciones catastróficas, nunca antes vistas tanto para el comercio como para nuestra imagen internacional”, argumenta Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México.

La organización pone de ejemplo a la candelilla, una planta que crece en los desiertos de Coahuila y que solo existe en México, muy demandada en la industria cosmética, en la balística y aeronáutica. “De ella dependen muchas comunidades del norte en extrema pobreza”, señala la asociación. Además, pone de ejemplo también el impacto para la industria peletera de Guanajuato o para la de instrumentos musicales, puesto que hay madera “insustituibles” que están dentro de las especies que regula la CITES. “Por si fuera poco, el sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestres en México tiene 38,8 millones de hectáreas bajo su manejo sustentable, que con esta suspensión de comercio están en grave riesgo de colapsar, ya que los recursos que generaban para su subsistencia desaparecerán”, concluye Zazueta.