El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se anotó una victoria en su carrera por garantizar que las empresas del Estado sean dominantes. El mandatario anunció el martes que México comprará 13 plantas eléctricas de la española Iberdrola, con lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se volverá la empresa líder en generación. El acuerdo, aseguran analistas, es otro ejemplo de cómo López Obrador está aprovechando la descarbonización de empresas transnacionales para adquirir sus activos antiguos.

El martes, Iberdrola y el Gobierno de México anunciaron que la empresa española le venderá plantas de ciclo combinado, las cuales utilizan gas natural, a Mexico Infrastructure Partners (MIP), la administradora de fondos de infraestructura más grande del país. Según datos de BBVA, MIP cuenta con 21.700 millones de pesos en capital solicitado a través de diferentes fondos de inversión. La venta fue por 6.000 millones de dólares.

Es el Gobierno Federal quien hará la adquisición a través de un vehículo de inversión con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), administrado por MIP, y con financiamiento de la banca, según informó la Secretaría de Hacienda. Esta estructura garantiza que no se contraerá deuda nueva, aseguró Hacienda.

“Lo que están haciendo es buscando dinero privado y buscando la manera de inyectarle dinero público”, dice Jorge Gómez, consultor independiente especialista en estructurar negocios en el mercado de gas natural. “El detalle está en cuánto dinero va a invertir el Gobierno mexicano vía capital o vía deuda que contrate”.

Santiago Arroyo, director en la empresa consulta del sector Ursus Energía, coincide. “En el presupuesto de egresos no existen estos 6.000 millones de dólares, de algún lado los tenían que agarrar”, dice Arroyo, “ellos lo podrán disfrazar de muchas formas, pero al final del día sigue siendo deuda porque el Gobierno le está inyectando los recursos al Fonadin para pagar esta compra y este dinero no está etiquetado en el presupuesto”.

Tanto Gómez como Arroyo dicen que no hay información suficiente para emitir un juicio sobre quién fue el ganador en esta transacción. Por una parte, es altamente probable que el precio final sea mayor a los 6.000 millones anunciados, una vez que se tome en cuenta gastos asociados, inventarios y contratos con clientes. Además, no se sabe con certeza cuántos años más de vida le queden a las instalaciones de las plantas generadoras. Además, advierte Arroyo, el regulador antimonopolio en México, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) pudiera emitir un fallo sobre la adquisición que le garantiza a CFE preponderancia en el mercado.

El negocio entre Iberdrola y el Gobierno se dio tras años de presiones por parte del presidente López Obrador a la empresa de energías renovables. En conferencias de prensa, el mandatario ha acusado a Iberdrola de haber “abusado” del pueblo mexicano y la ha acusado de haber incidido en contra de sus propuestas de ley para reformar la industria eléctrica. En 2020, Iberdrola canceló una millonaria inversión para una planta de ciclo combinado en la costa atlántica de México después que CFE bloqueara el suministro de gas que la planta necesitaba para funcionar. En ese momento, el Gobierno respondió diciendo que asumiría la inversión.

“Sin duda, ha sido una presión brutal sobre ellos desde 2018 para acá”, opina Gómez, “ellos construyeron gran parte de su infraestructura en las últimas dos administraciones y eso es lo que los trae en el ojo del huracán con este Gobierno”.

La adquisición es similar a la que hizo el Gobierno en mayo de 2021, cuando Shell le vendió su parte de una refinería en Deer Park, Texas para que la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) avanzara a sus objetivos de refinación. Tanto Shell como Iberdrola han anunciado planes de desinvertir en tecnologías con altas emisiones de carbono para invertir en energías más limpias.

“Esto ya se venía cocinando”, dice Arroyo, “Iberdrola ha venido amoldando su plan de negocios para descarbonizarse y cumplir con lineamientos de sustentabilidad porque la tecnología de la mayoría de estas plantas, que es de ciclo combinado, ya es tecnología obsoleta para sus nuevos estándares”.

López Obrador ha enviado legislación al Congreso para revertir las reformas pasadas durante la Administración anterior, las cuales abrieron el sector energético a los privados por primera vez en 70 años. La ironía, apunta Gómez, es que esta nueva adquisición de las plantas de Iberdrola no habría sido posible sin las reformas.

“Este no es un éxito para el país”, apunta Gómez, “pero, pensando en cuáles son los objetivos de este Gobierno, este es un gran éxito político. Lo que es paradójico es que lo lograron utilizando los mecanismos de la reforma energética neoliiberal de 2013″.