Ahmed Naser Raisi, hasta ahora responsable de las fuerzas de seguridad de Emiratos Árabes Unidos, está acusado de múltiples crímenes relacionados con la persecución a disidentes

La máxima institución a cargo de facilitar la cooperación entre agencias de Policía y controlar el crimen internacional ha elegido este jueves, como presidente, a un presunto criminal. Aunque su cargo es meramente ceremonial, pues la gestión del día a día corre a cargo del secretario general, la designación del general emiratí Ahmed Naser Raisi, acusado de torturas por cinco países, no está exenta de polémica.

La Interpol ha anunciado la decisión a primera hora de la mañana a través de las redes sociales, desatando las primeras críticas. Algunas recordaban las denuncias de «torturas» registradas en los últimos meses, contra el hasta ahora responsable de las fuerzas de seguridad de Emiratos Árabes Unidos, en países como Francia o Turquía, en cuya capital, Estambul, se celebraba la cumbre para decidir el nombramiento.

Entre quienes dieron la alarma en vísperas del encuentro estuvo Human Rights Watch. La ONG advirtió de que la designación de Raisi podría «poner en peligro el compromiso de la organización policial global con sus obligaciones en materia de derechos humanos». Según víctimas y activistas, bajo la gestión del nuevo presidente de la Interpol se cometieron múltiples crímenes, en especial relacionados con la persecución de críticos pacíficos de las políticas emiratíes, como desapariciones forzosas y torturas.

EAU está entre los países que más han abusado de las llamadas notas rojas. Se trata de un sistema centralizado que debe servir para notificar a los países de la Interpol de la entrada de un criminal prófugo en sus fronteras, pero que está siendo usado por algunos países de arma para tener constancia de los movimientos de sus disidentes y aprovechar la notificación para tratar de repatriarlos. Otra nación pródiga en este tipo de prácticas es precisamente Turquía.

En consecuencia, tres miembros del Parlamento europeo habían escrito una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtiéndole del impacto que la designación del general emiratí podía tener en la Interpol. «La elección del general Raisi podría socavar la misión y la reputación de la Interpol y afectar severamente la habilidad de la organización para llevar a cabo su misión de forma efectiva», subrayaron en la misiva.

Por contra, las ricas monarquías del Golfo Pérsico han celebrado el nombramiento de Ahmed Naser Raisi como un triunfo de la influencia árabe. Una influencia que, según un informe del ex director de la Fiscalía Pública del Reino Unido, Sir David Calvert-Smith, viene adecuadamente acompañada de jugosas sumas de dinero. Ya en 2017, Calvert-Smith notó en su escrito que «se han encontrado pruebas coherentes de que EAU está tratando de influir de forma impropia en la Interpol mediante la financiación».

El objetivo que supuestamente tenían los emiratíes, según el británico, parece haberse conseguido. Es la última de una serie de conquistas simbólicas, pero también políticas, con las que pequeños países autocráticos como EAU están logrando sobredimensionar su poder a escala global. Esta presencia e influencia les permite mantener políticas fuertemente represivas a nivel interno, para asegurar su gobierno, sin tener que rendir cuentas por ellas frente a la comunidad internacional.

Aunque el puesto de Ahmed Naser Raisi es honorífico, su designación permite augurar que la presión de las autocracias sobre el organismo basado en Lyon irá a más. Ya en el discurso inaugural del encuentro de la Interpol en Estambul el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, demandó a la interpol más «solidaridad para extraditar a fugitivos que pertenezcan a organizaciones separatistas y a la red FETÖ», nombre atribuido a la cofradía de su exaliado Fethullah Gülen, acusado del golpe fallido de 2016.