Estados Unidos reanudó este lunes 6 de diciembre el programa «Quédate en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en el país azteca mientras esperan una respuesta. La falta de información al respecto generó incertidumbre entre los migrantes y agudizó el rechazo de varias organizaciones. Todo esto se da en un momento en el que México registra cifras migratorias alarmantes.

El gobierno de Joe Biden reanudó el programa «Quédate en México”. En él, se obliga a los cerca de 70.000 solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras esperan a que se concrete el proceso en la Unión Americana.

Sin embargo, la falta de información al respecto generó desconcierto entre los solicitantes. En uno de los siete puertos designados por el Gobierno federal para desplazar a los migrantes se vivió una jornada de incertidumbre debido a que no había sido notificada la fecha de inicio del programa.

Un oficial de Aduanas y Protección fronteriza aseguró a los migrantes aglomerados en el paso peatonal de San Ysidro, que separa San Diego y Tijuana, que «hasta esta mañana el programa no se ha reiniciado (el programa). Todavía no tenemos ninguna información».

El rechazo de los defensores de los Derechos Humanos

Nicole Ramos, directora de la organización de asistencia legal a migrantes ‘Al Otro Lado’ manifestó que «nosotros no vamos a apoyar (la medida) porque no vamos a legitimar un programa que es ilegal». Y agregó que «vamos a exigir el restablecimiento del derecho al asilo».

La abogada también se cuestionó que «la agencia más grande de Estados Unidos, con más de 60.000 oficiales, diga que no tiene capacidad para atender solicitudes de asilo y tenga que hacer esperar en claro peligro en México a miles de familias migrantes».

Entre sus dudas también está «cómo es que el país más poderoso en el mundo, que gasta miles de millones de dólares en ir a una guerra por petróleo, no pueda destinar recursos para proteger a familias pobres que buscan su refugio al huir de la violencia».

Quien también se pronunció al respecto fue Alex Mensing, portavoz de la coalición ‘Grupo de Trabajo de Bienvenida a California’. «Exigimos terminar inmediatamente todas las políticas que obstruyan el acceso al asilo en la frontera», dijo Mensing.

La iniciativa fue establecida bajo el mandato de Donald Trump. Y aunque la Administración de Joe Biden la derogó, un juez ordenó reanudarla. Desde entonces, el país norteamericano ha estado negociando con el mexicano las medidas bajo las que volvería a implementarse.

Cambios en el programa para garantizar «mayor seguridad» a los solicitantes

De acuerdo a un informe realizado por la organización ‘Human Rights First’, en los primeros siete meses del Gobierno de Biden, se presentaron 6.356 ataques contra migrantes expulsados o bloqueados en la frontera sur de Estados Unidos. Además, documentaron más de 1.500 agresiones contra los solicitantes en forma de secuestro, tortura, asalto, violación, entre otras.

Para dar mayores garantías de seguridad a los solicitantes de asilo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) hizo varios cambios en el programa «Quédate en México». Entre ellos, «ofrecer refugios y transporte seguro a los solicitantes de asilo en el proceso». Además se comprometió a agilizar los procedimientos y fijó un plazo de seis meses desde que un migrante ingresa a México.

Entre tanto, el DHS aseguró que «aquellos procesados tendrán oportunidades significativas para acceder a información y asesoría o representación legal». Al mismo tiempo, «todas las personas inscritas también tendrán acceso a teléfonos (y, cuando sea posible, videollamadas) gratuitas con un abogado en un entorno confidencial». Cabe recalcar que en el pasado, casi el 95 % de los solicitantes no pudieron contar con un abogado.

Entre las modificaciones también está la inclusión de inmigrantes haitianos y de otras nacionalidades que no formaban parte de este programa.

Aunque Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca, aseguró que los cambios fueron realizados con el propósito de «mejorar los componentes humanitarios», considera que «el programa sigue siendo ineficiente e inhumano».

Kennji Kizuka, analista e investigador de la organización ‘Human Rights First’ (HRF), advirtió que «sin importar la forma en que la Administración Biden trate de adornar el nuevo MPP (Protocolos de Protección a Migrantes, en español), no hay forma de realizar la implementación de manera humana y segura”.

“Al restablecer esta medida habrá más secuestros, habrá más violencia contra las familias, adultos, y niños que tratan de buscar seguridad en EE. UU.”, agregó Kizuka.

En una entrevista con el diario EFE, Jessica Bolter, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI), dijo que “es probable que los migrantes enfrenten desafíos similares a los que enfrentaron cuando se implementó por primera vez». Pues considera que «las medidas tomadas por el Gobierno de Biden con respecto al MPP no parecen muy diferentes a las de la administración Trump”.

El número de migrantes en México se acerca a cifras récord 

Según datos de la Unidad de Política Migratoria del Gobierno de México, entre enero y octubre de 2021, las autoridades han interceptado a 228.115 migrantes, un 64% más en comparación al año anterior. Además, han deportado a 82.627, un 27 % más que en todo el 2020.

De los migrantes detenidos este año, más de una quinta parte han sido menores de edad. Además, la mayoría de los migrantes eran de Centroamérica (más de 192.000). De este número, 97.968 son de Honduras. Le siguen Guatemala (64.733); El Salvador (18.988); Haití (17.516) y Nicaragua (10.960).

También recibieron a personas del Caribe, (22.800) y de América del Sur, (8.400), entre otras regiones. De esta manera, México vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos.

«Quédate en México»

El programa «Quédate en México» fue creado durante la Administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos entre 2017 y 2021. La medida fue muy criticada por organizaciones de derechos humanos.

En efecto, el actual mandatario del país norteamericano, Joe Biden, derogó el programa. Sin embargo, un juez federal invalidó el intento de Biden y ordenó que lo reanudara.

Desde entonces, el Gobierno estadounidense ha mantenido negociaciones con el mexicano sobre los parámetros en los que volvería a implementarse esa iniciativa. Aún así, la Administración de Biden sigue teniendo como objetivo poner fin a este polémico programa.