La decisión de Putin de suspender los derechos de propiedad intelectual de titulares de países que han impuesto sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania, sin duda representa un hito en las relaciones internacionales que desde hace muchas décadas han construido una amplia y eficaz plataforma para la protección de esta clase de derechos.

En sí, la determinación adoptada por el gobierno ruso modifica una regla de su derecho interno para permitir que derechos sobre patentes, diseños industriales y software de países ‘hostiles’ -preponderantemente Japón, Francia, Alemania y Estados Unidos-, sean utilizados libremente. La decisión no deja de ser sorprendente, aún y cuando Rusia ha sido históricamente un país con muy bajos niveles de observancia en materia de propiedad intelectual.

Aunque existen algunos antecedentes remotos de acciones de este tipo, las más cercanas fueron las acciones unilaterales que en su momento adoptaron los gobiernos de India, Sudáfrica y Brasil respecto de patentes de retrovirales para el V.I.H., que amenazaron con cancelar para permitir la manufactura de genéricos, poniendo en seria crisis al sistema de la OMC y dando paso a la llamada declaración de Doha de 2001.

La diferencia con la determinación adoptada por Rusia es que esta es de carácter general y no persigue otro propósito que ser una represalia por las sanciones económicas de las que ese país ha sido objeto con motivo de la guerra. Según declaraciones de Maksim Reshetnikov, ministro ruso de Desarrollo Económico, la medida tiene por propósito facilitar la producción de bienes que ya escasean con motivo de las sanciones de que son objeto; además, la decisión podría incluir películas que algunas de las plataformas mundiales están limitando para estreno en Rusia, y que pudieran ser vistas con la utilización de software ilegal.

Esta decisión no solo implica una afectación directa a las empresas titulares de derechos en esa jurisdicción, que de momento sufrirán una seria afectación en su modelo de negocio en un mercado de más de 144 millones de personas, sino que el sistema internacional de propiedad intelectual sufre un grave daño. Lo más preocupante es el valor simbólico que esta inusual medida apareja, al dejar al descubierto un flanco de vulnerabilidad nunca antes explotado.

Un primer efecto corrosivo se verá a lo largo del tiempo, en el abandono que múltiples empresas internacionales realizarán de Rusia como territorio de destino para la protección de sus patentes y marcas, ante la posibilidad de sufrir expropiaciones de este tipo. Un segundo efecto, la negativa a recibir solicitudes de empresas o creadores rusos para ser protegidos en la comunidad de países que integran los grandes tratados internacionales de tutela de los derechos de propiedad intelectual. Y la más grave, el precedente de utilizar activos intelectuales empresariales como objeto de represalia, que es un gravísimo atentado en contra del derecho internacional y del sistema mundial de protección a la innovación y la creatividad.