La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas vinculada con cárteles mexicanos en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en la que han sido detenidas 24 personas y cuya investigación se inició en 2020 en la provincia de Guadalajara.

Los agentes han incautado 1.000 kilos de cogollos de marihuana y 37 kilos de cocaína e intervenido tres subfusiles y varias pistolas, así como 17 vehículos y 4 viviendas valorados en siete millones de euros, entre otros efectos, y se han bloqueado 20 cuentas bancarias.

El dispositivo, en el que han participado más de 200 agentes, ha conseguido desmantelar dos invernaderos destinados al cultivo de marihuana y dos laboratorios para el procesado de cocaína, uno de ellos en el domicilio del líder de la red que estaba en proceso de elaboración de más de 37 kilos de sustancia. Para ello, se contó con la ayuda de la policía local de Algete (Madrid).

La organización contaba con una estructura de sociedades en España, Colombia, Suiza y Portugal para blanquear el dinero, ha informado la Policía.

Asimismo, se realizaron 13 registros en distintas localidades de Madrid y Guadalajara y ocho inspecciones en las provincias de Madrid y Málaga y se han cursado órdenes europeas de investigación y comisiones rogatorias a otros países.

La investigación se inició a finales del 2020 cuando se detectó la llegada a Madrid de varios ciudadanos mexicanos, procedentes de Sinaloa, que se instalaron en diferentes viviendas de lujo, y que comenzaron a trabajar en grandes plantaciones de marihuana de la provincia de Guadalajara.

Las pesquisas permitieron identificar a un clan familiar, vinculado con cárteles mexicanos, que había introducido en nuestro país más de diez millones de euros en metálico y oro con la finalidad de asentarse.

Los investigados comenzaron a comprar decenas de vehículos y viviendas de lujo, así como a adquirir varios negocios y a constituir sociedades para canalizar los beneficios obtenidos de la venta de droga.

Asimismo, «compraron» a funcionarios para que les ayudaran a asentarse y a conseguir documentación.

Los agentes comprobaron que el clan familiar se relacionaba con ciudadanos españoles y extranjero con antecedentes y condenas por narcotráfico que les facilitaban la entrada al mercado de la droga.

En un primer momento, el entramado basó su modelo de negocio en constituir sociedades en España, Portugal y Suiza para la explotación de los cultivos de marihuana que tenían por diferentes provincias y cuya finalidad era la extracción de productos derivados del cannabis en laboratorios de Suiza y Portugal.

Con el transcurso de la investigación, se detectó la llegada a España de personas, procedentes de Sudamérica, a las que la organización usaba de “mulas” para introducir cocaína base en paquetes de café.

La droga era procesada, envasada y serigrafiada en dos laboratorios de la provincia de Madrid y la vendían a personas que llegaban de Croacia y Holanda con las que habían cerrado negocios previamente.

Además, también contaban con otras redes de distribución a través de ciudadanos chinos y otros vendedores, ubicados en diferentes localidades de Madrid, que incluso introducían la droga en centros penitenciarios.

Los detenidos cambiaban constantemente de viviendas (todas ellas de lujo) y se dedicaban a la compraventa de joyas y vehículos deportivos cuyos precios superaban los 500.000 euros, como medio de blanquear los beneficios del narcotráfico.