El organismo privado que agrupa a 45 millones de empresas a nivel internacional, encabezadas por Estados Unidos, Japón, Europa, otros, afirmó que dicho panorama de controversias ha ahuyentado y reducido las inversiones en México de manera importante, por la falta de estado de derecho y cambios en las reglas de operación en sectores claves, como el energético y la infraestructura, que limita la participación privada.

Durante el 2021, nuestro país elevó el número de quejas, y el 70% de los casos de arbitraje se ubicaron en energía, dijo Claus von Wobeser, presidente del ICC México. En tanto, que en años previos no figuraba en el Top ten de los litigios.

En el marco de la Conferencia de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC global, el representante del organismo destacó que en cierta medida, dichas modificaciones legales en materia energética en México han inhibido una mayor inversión como se esperaba “y que son muy necesarias en una época de recuperación de la pandemia”.

“He visto incremento de disputas privadas en el sector energético tanto en electricidad, gas petróleo, derivadas de las nuevas políticas del gobierno federal, digamos, si bien no hemos visto arbitrajes, inversionistas contra estado, que no necesariamente se rigen por las reglas del ICC, pero en el organismo sí hemos visto muchas disputas en gasoductos, petróleo, electricidad, derivadas de las nuevas políticas del gobierno actual”, expuso en conferencia de prensa.

Alexander Fessas, secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC global, explicó que México comenzó a utilizar con mayor frecuencia en arbitraje por las empresas en contra de las agencias (dependencias o instituciones) del Estado en 2021, a tal grado que se colocó entre los primeros 10 lugares y más recientemente llegó al top de los 5 con más litigios.

Alertan sobre caída en inversiones

Alexander Fessas, secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC global, explicó que México comenzó a utilizar con mayor frecuencia el arbitraje por las empresas en contra de las agencias (dependencias o instituciones) del Estado Mexicano en 2021, a tal grado que se colocó entre los primeros 10 lugares y más recientemente llegó al top de los 5 con más litigios.

El hecho de que México haya ascendido al quinto sitio entre los 150 países que recurren habitualmente al arbitraje “es mucho”, porque “la economía mexicana es importante, somos la décima economía del mundo, pero no somos del tamaño de la economía de los Estados Unidos o de otras más importantes que la mexicana”, lamentó Claus von Wobeser.

Y es que, dijo, hemos visto la disminución de las inversiones, con datos oficiales del Banco de México, y en comparación con la época de la pandemia por el Covid-19 “no hemos recuperado la condición de crecimiento y la única manera es a través de la inversión privada, ya que apenas el 15% de las inversiones realizadas son del sector público”.

La presidenta de la Corte Internacional de Arbitraje de ICC, Claudia T. Salomon, comentó que se encuentra muy interesada en trabajar con México y sus empresas para generar un clima de negocios confiable que permita un crecimiento de la economía mexicana con los menores inconvenientes posibles para ambas partes. “El arbitraje es un parte esencial para el estado de derecho y clima de inversiones. La misión es que el comercio funcione”.

Algunos ejemplos de las disputas que existen entre empresas energéticas y el gobierno mexicano son:

• Talos Energy se encuentra en etapa de notificación de disputa rumbo a un posible arbitraje internacional contra el gobierno mexicano, como operadora del bloque adjudicado en la Ronda petrolera 1.1 donde se llevó a cabo el primer hallazgo de hidrocarburos por parte de un privado después de 80 años: el campo Zama.
• La CFE reclama un pago de 190.2 millones de dólares a Iberdrola dentro de un proceso de arbitraje internacional que inició la española en marzo del año pasado, por la central de ciclo combinado Topolobampo III.
• Monterra Energy presentó una Notificación de la Intención de someter una reclamación a arbitraje al gobierno de México por acciones ilegales y discriminatorias que impiden las operaciones de su terminal de importación de combustibles en el puerto de Tuxpan en Veracruz.