La violencia generalizada en México, más allá de la espiral de terror y muerte que está generando entre la sociedad, ahora ha entrado en una nueva etapa: este fenómeno se ha comenzado a politizar desde diversos sectores del país, los que -a través de teorías de la conspiración- solo pretenden cimentar sus proyectos políticos con base en el uso propagandístico de la misma violencia.
¿Qué está pasando en México con la violencia? La respuesta a esta pregunta va a depender desde dónde se responda. Si la respuesta proviene de la instancia oficial, se dirá -como ya lo ha expuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador-, que es una acción concertada desde el seno de los grupos opositores al actual régimen, que solo pretenden desestabilizar al gobierno de la Cuarta Transformación.
Si la respuesta a la misma pregunta proviene de los adversarios al régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces los neoliberales dirían que se trata de una acción perversa del propio régimen de la 4T, que en un intento desesperado por demostrar que sí hay contención de la violencia, y por ello se estaría incendiando el país para proponer una rápida pacificación.
Pero nada más alejado de la realidad. Lo anterior solo pretende confusión. La violencia por la que actualmente atraviesa México necesita revisarse sin apasionamientos ideológicos, observarse a la luz del análisis periodístico, sin filias ni fobias, para poder hacer una aproximación a la verdad.
La serie de sucesos violentos que se dieron desde la tarde del pasado 9 de agosto y que concluyeron hasta la noche del 14 de este mismo mes, a la luz de la revisión periodística no arroja ninguna coincidencia. No hay indicios que apunten que se trató de una acción concertada ni mucho menos que la ola de violencia haya tenido una finalidad política, como lo aseguró el gobierno federal.
Tampoco existe evidencia de que el mismo gobierno federal haya accionado un plan para incendiar al menos cinco estados del país, y luego proponer una acción para alcanzar la pronta pacificación, como se propuso por parte de algunos opinadores, relacionadoS con la extrema derecha, que vertieron su opinión a través de redes sociales.
¿Actos terroristas?
Lo que sí resalta es que todos los hechos de violencia, registrados entre el 9 al 14 de agosto, fueron tendientes a causar terror entre la población. Antes que sucedieran estos actos de violencia, solo se tenían registrados, como antecedentes, dos actos de violencia focalizados hacia la población con la intención de generar psicosis:
El primer acto inmediato de narco-terror, fue provocado el día 17 de octubre del 2019, cuando en un intento fallido del gobierno federal por detener al narcotraficante Ovidio Guzmán López, tras una ola de violencia en Culiacán, Sinaloa, fueron asesinadas ocho personas. Cinco de estas estas víctimas fueron ejecutadas a quemarropa por miembros del cartel de Sinaloa.
El otro acto de narco-terror previo había ocurrido en Morelia, Michoacán, durante las celebraciones de la Noche de Independencia del 15 de septiembre del 2008, cuando un grupo de integrantes del cartel de Los Zetas detonó tres granadas de fragmentación en la plaza principal. En ese acto perdieron la vida siete personas y 132 sufrieron algún tipo de lesión.
Estos dos actos por si solos hicieron que se desatara un debate entre legisladores de Estados Unidos, en donde en primera instancia se buscó clasificar a los grupos del narcotráfico mexicano como grupos terroristas. Hoy ha vuelto a nacer el debate, no solo en Estados Unidos, sino también en México en donde se revisa si algunos grupos del narco mexicano debes ser considerados como amenaza terrorista externa para el gobierno de Estados Unidos.
Solo en lo que concierne a la violencia que se vivió en Ciudad Juárez, hay que recordar que allí un grupo de delincuentes pertenecientes al Cartel de los Mexicles agredió directamente a la población civil. Fueron nueve personas las que, sin tener ninguna conexión con la delincuencia, fueron asesinadas brutalmente y al azar, solo con la intención de los delincuentes de generar terror entre la sociedad.
Más allá del debate sobre si los actos de los grupos delictivos, asociados con el narco, deben ser o no considerados como terroristas, lo que queda en evidencia, es que la ola de violencia que se generó en México en días pasados, solo fueron hechos aislados que coincidieron en su ocurrencia durante casi al mismo periodo.
Chihuahua, la disputa entre Chapos y Chapitos
La ola de violencia que estalló en Ciudad Juarez, que nada tiene que ver con los sucesos de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Baja California, se debió a una disputa que desde hace por lo menos tres años mantienen las células criminales de Los Chapos (no confundir con Los Chapitos) frente a Los Mexicles.
Los Chapos, liderados por Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares, es socio del Cartel de Caborca, fundado por Rafael Caro Quintero, el que pretende el control de las rutas de trasiego de Chihuahua, que tienen bajo su control los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, los conocidos como Los Chapitos: Ovidio, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo.
Los Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán, mantienen el control de una parte de las rutas del tráfico de drogas en Chihuahua, a través de una alianza que mantienen con la célula criminal de los Mexicles, que es liderada por Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, “El Neto”, quien desde la cárcel estatal de Ciudad Juarez mantiene el control de las células.
Se sabe que, como parte de esa confrontación, “El Chapo” Isidro Meza ordenó la muerte en prisión de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, “El Neto”. El acto no se pudo consumar dentro de la cárcel de Ciudad Juárez, en donde internos relacionados con “El Chapo” Isidro ejecutaron a dos escoltas de “El Neto”. Acto seguido, “El Neto”, a través de su grupo de Los Mexicles, ordenó “incendiar la plaza” para que la autoridad fuera tras el grupo de Los Chapos.
La instrucción dada por “El Neto” desde prisión fue asesinar a la mayor cantidad de civiles inocentes, a fin de “calentar la plaza”. En la acción fueron ejecutadas un total de 11 personas ajenas a la delincuencia, lo que ha hecho que este acto sea considerado en documentos internos como un acto de terror por parte de las propias autoridades mexicanas, las que públicamente no lo reconocen como tal.
Cobro de piso en Baja California
En Tijuana, Tecate, Ensenada, Mexicali y Rosarito, la ola de violencia que se ha registrado, según lo ha reconocido la alcaldesa, Monserrat Caballero Ramírez, se debe a una acción de cobro de piso establecida por grupos del crimen organizado, los que crecieron al amparo de gobiernos estatales anteriores.
En la prensa mexicana nadie menciona por su nombre a los grupos delictivos que incendiaron el estado de Baja California. No es para menos. Siguen las agresiones contra la prensa. Ya son 14 los periodistas que han sido ejecutados por el crimen organizado en lo que va de este año. El asesinato mas reciente apenas ocurrió este miércoles cuando fue encontrado el cuerpo sin vida del periodista sonorense Juan Arjón López.
Juan Arjón López, de San Luis Rio Colorado, a través de su portal informativo “A qué le Temes”, denunció en diversas ocasiones el cobro de piso que se padece en la zona norte de Baja California. En muchas ocasiones el periodista asesinado denunció que células al mando de Francisco Javier Rabadán, “El Aguacate”, e Iván Peña, “El Arcángel”, relacionados con el Cartel de Sinaloa, eran responsables de la ola de violencia en la franja fronteriza de Baja california.
De acuerdo con fuentes al interior de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, los hechos de violencia que se han registrado en diversas localidades de Baja California, obedecen a los actos de extorsión generados por células del Cartel de Sinaloa, algunos de ellos asociados con Los Mexicles.
Así, se establece que los actos de violencia que se registraron en Baja California, por parte de células del Cartel de Sinaloa, podrían haber sido en respaldo a los Mexicles, al estar ambos grupos asociados a Los Chapitos, los hijos del capo Joaquín Guzmán Loera.
En Jalisco y Guanajuato, la colusión
De acuerdo con las versiones de un funcionario del área de Seguridad Nacional, del gobierno federal, los sucesos de violencia que se registraron en Jalisco y Guanajuato, en donde células del Cartel Jalisco Nueva Generación incendiaron vehículos y tiendas de conveniencia, estaría ligado directamente a una protesta de ese cartel contra los gobernadores Enrique Alfaro y Diego Sinhué Rodríguez.
De acuerdo con la versión extra oficial, los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, quienes supuestamente brindan protección al cartel que lidera Nemesio Oseguera, “El Mencho”, no habrían advertido de un operativo que se cernía sobre las estructuras de mando del CJNG cuando se llevaba a cabo una reunión entre dos lideres de esa organización criminal.
La reunión que no fue debidamente protegida por los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, que se llevó a cabo en el municipio de Ixtlahuacán del Río, en Jalisco, sería entre los lideres del CJNG, Gerardo González Ramírez, “El Apá”, y Ricardo Ruiz Velazco, “El Doble R”, quienes estuvieron a punto de ser detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Como venganza por no haber advertido del operativo de la SEDENA, el líder del CJNG habría ordenado el incendio de vehículos y tiendas de conveniencia en la zona conurbada de Guadalajara, en Jalisco, así como en Irapuato y Celaya, en Guanajuato, como una forma de sanción a los gobernadores de esas entidades.
En Michoacán, la simulación
Otro hecho de violencia que incendió el país, pero que tampoco estuvo conectado con los otros hechos más allá de los efectos de terror que causó entre la población, es el bloqueo a diversas carreteras estatales. El bloqueo fue hecho por la agrupación de autodefensas autodenominada Pueblos Unidos, luego de que 167 de los integrantes de esa agrupación fueron detenidos por elementos de las fuerzas federales.
En un operativo de las fuerzas federales, el grupo de autodefensa Pueblos Unidos fue prácticamente desarticulado, cuando pretendía marchar en caravana desde Uruapan para tomar los municipios de Tancítaro y Los Reyes, ambas localidades controladas por el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Hay que recordar que el grupo de autodefensas Pueblos Unidos, es una organización civil que se encuentra infiltrada por diversos grupos del narcotráfico, pero que fue financiada y respaldada logísticamente por el gobierno estatal de Silvano Aureoles Conejo.
Desde el año pasado dicha organización de autodefensas ya no recibió más financiamiento del gobierno estatal, y desde entonces las fuerzas federales dejaron de acompañar sus incursiones en diversas localidades, principalmente en aquellas en donde el Cartel Jalisco Nueva Generación tenía presencia.
Al pretende buscar el respaldo del gobierno federal, el pasado fin de semana, la columna de autodefensas Pueblos Unidos, que siempre había avanzado bajo la protección del Ejercito y la Marina, fue desarticulada y sus integrantes detenidos y sometidos a proceso penal por su probable relación con grupos del narcotráfico que son opuestos al Cartel Jalisco Nueva Generación.