Jesús Murillo Karam fue detenido un día después de que la Comisión de la Verdad, creada para investigar la desaparición de los 43 jóvenes en 2014, concluyera que el hecho constituyó “un crimen de Estado”. El otrora procurador general de México es acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia.

Se trata del más alto cargo en ser arrestado por el caso Ayotzinapa. Jesús Murillo Karam, quien era el titular de la extinta Procuraduría General de la República durante la administración de Enrique Peña Nieto y el responsable de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas, fue arrestado el viernes 19 de agosto.

A Murillo Karam se le atribuye la «verdad histórica» presentada en 2015 según la cual los estudiantes habían sido secuestrados por supuestos integrantes del cartel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron y posteriormente arrojaron los restos en el basurero de Cocula, en el sur de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero.

Los familiares de los jóvenes nunca aceptaron esa versión, pues incluía acusaciones de que los estudiantes pertenecían a un grupo criminal rival. Adicionalmente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró contradicciones e inconsistencias en la misma.

En 2021, la CIDH publicó su informe final en el que señala la participación de autoridades estatales -a saber, políticos, policías e integrantes del Ejército- en la desaparición de los 43.

Precisamente, el jueves 18 de agosto, la Comisión para la Verdad y acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, creada durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, concluyó que el hecho fue un «crimen de Estado» y que las autoridades municipales, estatales y federales «permitieron la desaparición de las 43 personas con sus acciones, omisiones y hasta participando de los hechos».

El viernes, la Fiscalía de México emitió además más de 80 ordenes de captura contra militares, policías, funcionarios estatales e integrantes del cartel Guerreros Unidos por delitos vinculados con el caso.

La cronología de un caso que sacudió todo México

El 24 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes hizo lo mismo que muchos normalistas hacen cada año: tomar autobuses en la central de transportes de Iguala para viajar a Ciudad de México y participar en los actos en memoria de la matanza estudiantil de 1968. Una práctica común que terminó con un ataque en el que tres estudiantes murieron y otras tres personas -que no eran alumnos- también perdieron la vida.

Un total de 57 personas desaparecieron.

El cuatro de octubre de 2014, días después de la desaparición, el hallazgo de cuerpos en fosas desata la tensión. La Fiscalía estatal de Guerrero afirma que los policías municipales detuvieron a los jóvenes y los entregaron a un grupo narcotraficante, Guerreros Unidos.

En protesta y para exigir más información, otros normalistas de Ayotzinapa y del vecino estado de Michoacán, incendiaron la casa del gobernador de Guerrero.

El gobierno de Enrique Peña Nieto envía al Ejército mientras que se corre la voz por todo el país y en octubre de 2014 los estudiantes mexicanos se manifiestan en varias ciudades para pedir justicia.

Una marea de gente se toma el balneario más famoso de Guerrero, Acapulco y las protestas llegan hasta Ciudad de México mientras el presidente mexicano aseguraba que las protestas buscaban «desestabilizar» al país.

Casi un mes después de la desaparición, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, renuncia ante la presión social.

Y en enero de 2015, el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam presenta la supuesta verdad histórica.