El sábado 3 de septiembre, ya llamado sabadazo negro, la Cámara de Diputados aprobó la propuesta del presidente AMLO de integrar la Guardia Nacional  a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La polémica decisión ya cuenta ahora con la aprobación del Senado.

Según lo constatado en México desde 2006, la intervención de las FFAA en tareas de seguridad ignora la separación entre amenazas a la seguridad nacional -el ámbito de los militares- de los problemas de seguridad pública -el terreno de los policías civiles.

Un escenario nuevo para las FFAA

La Guardia Nacional está integrada por miembros de la Policía Federal y también por militares. Su misión principal es combatir los cárteles del narco y el crimen organizado. Sin embargo, durante este período legislativo, la Guardia Nacional ha asumido varios proyectos civiles como la construcción del Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles o la vigilancia y control aduaneros. A pesar de que el despliegue militar y el gasto en Defensa son los más altos en la historia mexicana reciente, la Guardia no ha logrado combatir el crimen organizado con la eficacia esperada.

De integrarse oficioalmente a la SEDENA, como ya sucede en la práctica, México perdería la única institución policial no militar con presencia a nivel nacional encargada de la seguridad pública. A partir de 2006, en un contexto criminal mucho más complejo -con organizaciones delictivas más sofisticadas-, se puso en marcha una estrategia policiaco-militar contra el crimen organizado, según la iniciativa del entonces presidente panista, Felipe Calderón. La intervención de las FFAA en tareas de seguridad bordea, o de plano ignora, la línea que separa las amenazas a la seguridad nacional -el ámbito de los militares- de los problemas de seguridad pública -el terreno de los policías civiles.

Tras su aprobación en el Senado, la asignación a las FFAA de las funciones permanentes de seguridad pública conllevará a su vez nuevos controles  a los  militares. Los soldados que desarrollen funciones policiales deberán asumir forzosamente una revisión sistemática en el proceso penal, al que hasta hoy no se han sometido. Lo que significaría una situación inédita entre las FFAA, y el poder Judicial o las fiscalías. Los militares que cubran tares de seguridad civil deberán cumplir con los requisitos de procedimiento para las detenciones y con los procedimientos de investigación legales. Quedará sometida a la valoración de un juez cada uno de sus actos desde el momento de proceder a una detención. Los elementos de prueba que aporten que tendrán que ser conocidos previamente por la persona imputada y por su defensa.

DDHH, narcotráfico y relaciones con EEUU

Si bien no se reportan hoy, en términos absolutos, los mismos niveles de graves violaciones de DDHH por parte de las FFAA que diez años atrás, activistas observan con preocupación esta cesión de poder al Ejército

“Los miembros de la Guardia Nacional no están entrenados para respetar los DDHH como lo harían las fuerzas del orden”, declaró Gary Hale, experto en política sobre drogas del Baker Institute en Houston. “No hay cadena de custodia, no hay pruebas, no hay testigos, no hay testimonios. Y por eso se acaban produciendo abusos de los derechos humanos.”

Duncan Wood, experto en las relaciones entre México y EEUU del Mexico Institute del Wilson Center en Washington DC, sostuvo que “la preocupación por los DDHH, la preocupación por la corrupción y la cooptación por parte del crimen organizado, va a impactar en la cooperación bilateral en materia de seguridad bajo el marco del Entendimiento Bicentenario”, un acuerdo que ambos Estados pactaron a principio de este año para intensificar la lucha conjunta contra el narcotráfico.

“EEUU no sabe quién es de confianza en México y ha tenido una relación muy problemática con el ejército mexicano hasta hace poco. Las relaciones mejoraron durante los años de Calderón y Enrique Peña Nieto (el antecesor priista del actual presidente mexicano de izquierda). Pero se han enfriado mucho desde que AMLO llegó al poder” agregó Wood.