El Gobierno estadounidense interpuso la decimoprimera queja laboral en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ahora contra Minera San Martín, perteneciente a Grupo México, de Germán Larrea.

Según la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Trabajo (DoL), hay evidencia de que se violentó el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva.

La queja la interpusieron la Federación Estadounidense de Trabajadores y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), United Steelworkers (USW) y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares el pasado 15 de mayo.

«La petición alega la violación de los derechos de ‘Los Mineros’ como titular del contrato colectivo de trabajo en la mina San Martín y la contratación de trabajadores para reemplazar a los trabajadores en huelga en violación del contrato colectivo de trabajo y la ley mexicana», subrayó la USTR.

«La investigación del Gobierno de Estados Unidos reveló evidencia de violaciones de los derechos de negociación colectiva de ‘Los Mineros’ que ameritaron una solicitud de revisión bajo el T-MEC», subrayó.

Por su parte, la subsecretaria adjunta de Asuntos Internacionales, Thea Lee, aseguró que el respeto por el estatus de un sindicato como representante exclusivo de la negociación colectiva y su derecho a la huelga son componentes críticos de la reforma laboral de México.

A principios de esta semana, Estados Unidos invocó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en una planta de confección de Industrias del Interior (Inisa), en Aguascalientes.

«Fue la primera vez que utilizamos esta herramienta en el sector de la confección. Esa acción, combinada con el anuncio de hoy, destaca la versatilidad de Mecanismo de Respuesta Rápida para defender los derechos de los trabajadores en todas las industrias», destacó la Representante Comercial, Katherine Tai.

Responsabiliza Sindicato Minero a la STPS de situación en Sombrerete

El Sindicato Minero, presidido por Napoleón Gómez Urrutia dijo que la denegación de derechos laborales es hacia los mineros de la sección 201 de la mina San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas, data desde 2007.

Responsabilizó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de incumplir con resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que favorecen a los mineros.

Recordó que el caso dio inicio cuando el Sindicato Minero estalló una huelga en julio de ese año, en protesta por las malas condiciones de seguridad y en demanda del cumplimiento del contrato colectivo de trabajo.

«Grupo México ha buscado de diversas formas el desconocimiento del derecho de huelga de nuestros compañeros mineros en Sombrerete, pero el Sindicato Nacional de Mineros ha demostrado por la vía legal en tribunales colegiados e incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha actuado conforme a derecho y que el movimiento de huelga y sus demandas son totalmente legales», señaló el Sindicato.

A pesar de eso, añadió, la empresa se niega a reconocer al Sindicato Minero como titular del contrato colectivo de trabajo, y a su dirigencia nacional y ha desconocido el movimiento de huelga, ordenando incluso la toma violenta de las instalaciones de la mina San Martín, desalojando a los huelguistas e imponiendo mediante un recuento ilegal a un sindicato patronal.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, responsabilizó a la Secretaría del Trabajo de ignorar resoluciones de la Corte.

«El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por respetar los derechos humanos de los trabajadores, sin embargo, es la STPS quien no ha aplicado el Estado de Derecho al ignorar las resoluciones de la Corte, negando el acceso a la justicia a los compañeros de la Sección 201», acusó.

Una vez que se Estados Unidos aceptó la queja en contra de la Mina San Martín, el Sindicato Minero dijo confiar en que el Gobierno mexicano atenderá oportunamente la solicitud para que «finalmente Grupo México se someta a las leyes mexicanas y deje de pisotear los derechos de los trabajadores».

El Gobierno mexicano debe revisar en un término de 10 días esta demanda y 35 para investigar las denuncias y presentar sus conclusiones.