El Gobierno mexicano no se baja de la estrategia de militarización. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado este miércoles en su conferencia diaria de prensa que la Secretaría de Marina (Semar), un cuerpo de carácter militar, será la encargada de controlar el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM). “[La Marina] ya está a cargo del control de la vigilancia del aeropuerto, ha hecho muy buen trabajo, yo creo que muchos ya lo están notando: no hay robo de maletas, como sucedía antes, y se cuida que no entre contrabando, que no entren drogas. Estamos evitando que se llegue al extremo de cuando el aeropuerto lo controlaba el narcotráfico”, ha afirmado el dirigente.

Los soldados de la Marina, como ha indicado López Obrador, ya estaban presentes en el aeropuerto. En febrero de 2022, el Gobierno desplegó a 1.500 militares para “garantizar la seguridad” en uno de los puntos flacos del tráfico de drogas, personas y otras mercancías ilegales —EL PAÍS pudo documentar en 2021 una red de trata de personas en el AICM vinculada a un grupo narcotraficante—. En una nueva vuelta de tuerca, las autoridades van un paso más allá: hasta ahora, el funcionamiento y la gestión del aeropuerto correspondía a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero con la nueva medida, será la Semar la que tenga la soberanía sobre el Benito Juárez, el aeropuerto con más tráfico aéreo del país —más de 46 millones de personas en 2022, de acuerdo con la Estadística Operacional de Aeropuertos —.

En un decreto presentado este martes, el Gobierno estableció que en los próximos 60 días naturales la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes debe pasar el testigo del Benito Juárez a la Marina. También actualizar el capital social del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México y el AICM para completar la transferencia del control del aeropuerto.

Por su parte, la Secretaría de Defensa (Sedena) seguirá gestionando el aeropuerto de Tulum, el Felipe Ángeles, el de Campeche, Puebla o Nuevo Laredo, según ha aclarado López Obrador. La medida no es nueva: consolida la estrategia de militarización en la que está inmersa el Gobierno y ha colocado a militares en labores civiles como el control de la seguridad de los aeropuertos, el metro de la capital y obras como el macroproyecto del Tren Maya.

Esta Semana Santa, la estrategia adquirió un cariz con algo de surrealista y distópico: las autoridades difundieron fotografías de soldados paseando por las playas del país. Más de 8.000 miembros de la Guardia Nacional (GN), la Marina y el Ejército fueron desplegados entre las principales zonas turísticas. La medida era un intento del Gobierno de salvar la temporada y dar sensación de seguridad y estabilidad después de que las vacaciones se inauguraran con al menos ocho asesinatos en dos de los principales destinos turísticos: Acapulco, en el Estado de Guerrero, y Cancún, en Quintana Roo.

La militarización de diversas esferas de la vida pública en México ha sido denunciada en repetidas ocasiones por numerosos colectivos sociales, organizaciones de la sociedad civil, analistas expertos en seguridad y preocupa a un sector de la población que ve con temor que los militares acumulen poder en un país con un pasado de Guerra Sucia y represión. Otros ven la estrategia con esperanza ante la grave crisis de inseguridad y violencia que sufre México.

La Marina, el Ejército y, en especial, la Guardia Nacional (GN) no han dejado de ganar poder bajo el mandato de López Obrador. Especialmente la GN, uno de los principales proyectos del presidente, nacida como una corporación de carácter civil. El mandatario trata ahora de transferir el control de la entidad a las Fuerzas Armadas y convertirla así en un nuevo cuerpo militar. Aunque la medida fue tumbada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dirigente no cesa en su intento y anunció que en 2024, en el último mes de su sexenio, presentará una nueva iniciativa de reforma que transfiera la gestión de la GN a la Sedena.