La legislación del Estado mexicano y las de sus entidades están desfasadas con el marco jurídico internacional respecto a la protección de las personas con discapacidad y en asegurar que sus derechos sean cumplidos todos los días, afirmó la académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG, maestra Irma Ramos Salcedo.

“Que se cumplan las obligaciones de carácter internacional porque no se han armonizado las legislaciones internas en muchas materias; pero sobre todo en lo relacionado con las personas con discapacidad. Desde 2006 hay una serie de obligaciones, de directrices y todavía vamos como en pañales, porque sí, ya tenemos, ya empezamos a trabajar la cuestión de la sensibilización y la cultura, pero no una cuestión fundamental como ese reconocimiento como persona con ciertas barreras”, declaró.

La investigadora del Departamento de Derecho Internacional afirmó que las estrategias para facilitar la equidad para las personas discapacitadas se han quedado en la creación de rampas o la adecuación de espacios físicos, o en campañas de sensibilización hacia la población en general, pero no han profundizado en políticas que faciliten su acceso a la justicia.

“Creemos que con ponerles una rampa ya hemos cumplido, y no. La intención es que se les reconozca y se incorpore a la legislación una normativa específica que los coloque en una cuestión de igualdad ante el acceso a la justicia, Todos estos principios que se han generado desde el ámbito internacional son precisamente para promover, proteger y asegurarle a una persona con discapacidad el pleno goce de todos sus derechos, y uno de éstos es el acceso a la justicia y a cuestiones administrativas básicas”, subrayó Ramos Salcedo.

La especialista realizó la investigación “Progresividad y acceso a la justicia para personas con discapacidad” acerca de este tema, y explicó que el acceso a la justicia para las personas no se limita a los aspectos legales o jurisdiccionales como pueden ser lo penal, lo civil y lo familiar, sino que también tiene que ver con cómo un Estado desarrolla instrumentos para facilitar la igualdad de condiciones para que la ciudadanía disfrute de todos estos derechos.

Recalcó que México, como todos los Estados que firman o son parte de instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se compromete a respetar, proteger y promover los derechos humanos, por lo que debe abstenerse de restringirlos o de interferir en su realización y, por el contrario, generar políticas en las que todas las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan ejercer sus derechos.

“La ley no es efectiva cuando no se le colocan una serie de herramientas para facilitar el acceso. La Constitución dice que la ley es igual para todos sin discriminación y dará acceso a la justicia para todas las personas, pero eso no se ha hecho efectivo”, expresó la universitaria.

Ante ello, Ramos Salcedo consideró que las autoridades deben de avanzar en la creación de guías y protocolos para que las personas con discapacidad no tengan barreras en diversos ámbitos; por ejemplo, en el administrativo podría haber personal capacitado y especializado para atender a quienes tienen discapacidad visual o sensorial.

“Sí se requiere una serie de protocolos que el Estado implemente en cada ámbito; protocolos de actuación y, sobre todo, una guía de principios para que los responsables sepan entender y sensibilizase ante la discapacidad, saber en qué casos estamos en presencia de una persona con capacidad disminuida. Ése sería el quehacer del Estado, porque no basta con tenerles rampas o darles un espacio en el camión, sino que se requiere de una efectiva política pública para facilitar el acceso al ejercicio de sus derechos”, concluyó.

Los resultados de la investigación serán publicados en breve en la revista de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.