El fiscal de la unidad especializada en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes en el sur de México en 2014 presentó su renuncia después de tener problemas por falta de personal y de polémicas medidas que parecían relegarle de un caso cuya investigación podría ahora sufrir un duro golpe, según los abogados de las víctimas y organizaciones internacionales.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció el martes la dimisión de Omar Gómez Trejo, encargado del la investigación desde 2019, por no estar de acuerdo con los procedimientos para determinar quiénes debían ser detenidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) retiró órdenes de captura contra 21 personas, incluidos 16 militares, días después de que estas aprehensiones fueran solicitadas por la unidad de Gómez Trejo y después de que la Comisión de la Verdad ofreciera nuevos indicios de este “crimen de Estado” —como lo calificó esta entidad oficial- que apuntaban a una participación activa del Ejército en las desapariciones.

López Obrador dijo apoyar la medida tomada por la FGR pero garantizó que no se va “a descarrilar la investigación” pese a que el gobierno está recibiendo “muchas presiones de todo tipo y de muchas partes”. No ofreció detalles.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que depende el grupo de expertos internacionales que lleva investigando el caso desde 2015 y que todavía no se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos, mostró su preocupación porque desde agosto la unidad de Gómez Trejo no contaba “con personal policial de investigación” necesario para recabar pruebas, judicializar nuevos cargos y dar seguimiento a los procesados.

En un comunicado divulgado la víspera de conocerse su renuncia, la CIDH pedía que se garantizara su independencia, que se reorientaran los mecanismos para el esclarecimiento del caso y mostraba su preocupación por el desistimiento de las órdenes de captura y por los perjuicios de cambiar a los investigadores en un caso tan complejo.

Los padres de los estudiantes denunciaron el lunes en su manifiesto por el octavo aniversario de las desapariciones que pese al trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y las recientes detenciones de tres militares clave y del ex procurador general Jesús Murillo Karam se han dado retrocesos, según afirman, por “guerras internas” dentro de una administración que “sucumbe al poder militar”.

De hecho, en la primera audiencia contra el exprocurador, clave para que su procesamiento por tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia sea claro, no estuvo presente la unidad de Gómez Trejo y hasta el juez amonestó a los ministerios públicos por no estar preparados.