El miércoles pasado presenté, ante los medios de comunicación y un grupo de ciudadanos, 30 propuestas para transformar a México en un país más justo, sin pobreza y con oportunidades para todos y todas.

El objetivo de todo gobierno moderno debe ser mejorar las condiciones de vidas de toda la gente y para lograrlo, en el caso de nuestro país, se requieren cinco cosas fundamentalmente: fortalecer la democracia y el federalismo, canalizar la mayor parte del presupuesto público a las zonas donde vive la gente, fortalecer los gobiernos municipales y comunitarios, contar con suficientes recursos y lograr que la gente participe y se comprometa.

Aunque lo anterior parecería obvio, la realidad es que en nuestro país todo está al revés, tenemos un presidencialismo que controla a los demás poderes, un gobierno y un presupuesto centralizado, el gobierno en su conjunto y en especial los gobiernos municipales carecen de recursos para atender las necesidades y las demandas de la gente y nunca hemos aprovechado el gran potencial que representa la participación ciudadana.

Aunque López Obrador habla mucho de que su prioridad han sido los pobres, la realidad es que su prioridad han sido las grandes obras que no benefician directamente a la gente más pobre. Entre la destrucción de aeropuerto de Texcoco, la construcción de la terminal de aviones de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y todo lo que le ha dado al Ejército, ha gastado casi un billón de pesos, que si los hubiera dirigido a la gente hubiese podido hacer un millón de obras de un millón de pesos en todo el territorio nacional.

Obras que hubiera cambiado la realidad de vida de la gente si se hubiera dado prioridad a invertir en educación, salud, transporte público, carreteras, vivienda, calles, banquetas, agua, drenaje, recuperación de ríos, lagos, calidad del aire, etcétera, etcétera.

¿Qué beneficio tiene para la gente la refinería, los aeropuertos de Santa Lucía y Tulum e inclusive el Tren Maya?, obras que podrían haberse hecho con recursos privados y dejar ese billón de pesos para mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos.

Para iniciar el cambio que requiere nuestro país es necesaria una profunda reforma del gobierno que ponga a la cabeza a los gobiernos municipales, le quite la chequera al presidente y se la dé a los estados y sobretodo a los municipios, limite las facultades del presidente para intervenir en los otros poderes y en los organismos autónomos, se lleve a cabo una reforma fiscal que aumente cuando en 50% los ingresos públicos a través de eliminar la evasión, el lavado de dinero y limitar el uso de efectivo y, especialmente, ciudadanizar la vida pública nacional, convirtiendo a las organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos en los aliados principales para la transformación del país.

Se requiere dar prioridad a las zonas y colonias más pobres del país, pero el gobierno tiene la obligación de dar respuesta a las demandas de todos los sectores y todas las clases sociales. Es imposible lograr la igualdad total, pero en educación, salud, vivienda digna y servicios públicos tiene que haber piso parejo y no puede haber ninguna diferencia entre el que tiene altos ingresos y el que carece de ellos.

Estoy convencido que en pocos años se puede lograr un cambio radical si ponemos en el centro de la acción del gobierno a la gente y vamos juntos por un México en donde todos vivamos mejor.