En México ha habido más de 111.000 personas desaparecidas desde 1962 y más de 53.000 cuerpos o restos humanos sin identificar, según el último informe del Comité contra la Desaparición Forzada*, que lamenta que, pese a algunos avances, las desapariciones siguen siendo un problema “generalizado” en el país y la impunidad es “casi absoluta”.

Según el informe del Comité, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada atiende a un promedio de 400 personas mensualmente.

Sin embargo, “la deficiente investigación de tales hechos tiene como consecuencia un número escaso de sentencias y con ello la continuidad de una impunidad casi absoluta”.

Esa impunidad es motivo de especial atención por parte del Comité, que destaca “la falta de reconocimiento por parte de las autoridades sobre las distintas formas de responsabilidad de los agentes estatales”.

También indica “la ineficacia de las medidas adoptadas para combatir las causas estructurales de la impunidad”.

En algunos casos, señala, hay “deficiencias en la persecución” pese a contar “con elementos probatorios contundentes del involucramiento de autoridades”, y en otros se descartan automáticamente si la persona aparece.

Entre los aspectos positivos, el Comité cita el Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada, y la existencia de fiscalías especializadas o unidades de investigación en desaparición forzada en todas las entidades federativas del Estado parte.

No es una prioridad

Sin embargo, observa con preocupación que “la investigación y persecución penal de la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares continúan sin ser priorizadas”.

El Comité lamenta la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones y la falta de reconocimiento por parte de las autoridades sobre las distintas formas de responsabilidad de los agentes estatales.

Y también le preocupa la publicación del Decreto de noviembre de 2022 que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, y la falta de controles civiles eficaces.

Los expertos en Derechos Humanos señalan el aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, siendo los Estados de México, Tamaulipas, Jalisco y Guerrero los que cuentan con el registro más alto.

En cuanto a los cadáveres encontrados, la información recibida indica que el 89% de los 53.347 cuerpos o restos humanos almacenados no se identificó durante el año 2022.

Incluir a los familiares

El Comité recomienda aprobar a la brevedad el Reglamento de la Ley General y de la Comisión Nacional de Búsqueda, que garantice un proceso abierto, “que incluya a los familiares de personas desaparecidas”.

En ese sentido, explica que “los familiares y allegados de las personas desaparecidas en general continúan encargándose de la búsqueda (en campo y en vida), una investigación que le compete al Estado”.

Además, el Comité está preocupado por las dificultades de acceso de los familiares y representantes de las víctimas a los expedientes de investigación, y por alegaciones recibidas sobre el cierre paulatino de espacios de participación de las víctimas en asuntos que les conciernen.

En el capítulo de la búsqueda, reconoce los esfuerzos realizados por la Comisión Nacional de Búsqueda alentando a las autoridades competentes a ingresar información completa sobre los casos de desaparición, incluyendo desaparición forzada, en el registro.

Sin embargo, señala entre otras cuestiones las dificultades operativas que existen en la búsqueda de personas desaparecidas “debido a la poca claridad sobre las competencias de las instituciones que participan en la búsqueda”.

También es un obstáculo el mantenimiento de la exigencia por parte de algunas autoridades de que hayan pasado hasta 72 horas después de una desaparición para recibir una denuncia, “impidiendo la búsqueda inmediata de la persona desaparecida”.

*El Comité contra la Desaparición Forzada (CED), es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Partes.