Un informe de la Secretaría de Exteriores mexicana revela que las detenciones —denominadas con el eufemismo de “encuentros”— de migrantes procedentes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua en la frontera con Estados Unidos se han desplomado en enero. El texto apunta a “la reducción en 97,5% de nacionales de Cuba” y de “un flujo cercano a cero de personas haitianas”. Estos datos, que van a ser enviados al Senado y a los que ha tenido acceso EL PAÍS, son presentados por la cancillería como un éxito de la última política pactada con Joe Biden para permitir el acceso mensual a EE UU de 30.000 migrantes de estos cuatro países. A falta de conocer las estadísticas oficiales de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés), los expertos alertan del crecimiento de otros flujos irregulares, además de la fuerte llegada de solicitantes de nuevos países como Perú, Colombia y Ecuador. Todo aunado a un sistema de acogida, apunta Andrés Ramírez, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), al borde del colapso.

El pasado diciembre se pulverizó cualquier registro migratorio: los agentes fronterizos estadounidenses detuvieron a 251.487 personas, esto es, de media, más de 8.000 personas al día. En el mismo mes, pero de 2019, por poner en perspectiva, apenas fueron 40.000. De estos detenidos, según los datos de la CBP, a 202.000 se les aplicó el llamado Título 8, que permite deportarlos a sus países de origen, y el resto, casi 50.000, fueron enviados a México bajo el polémico Título 42. Esta vieja directiva, que fue resucitada por Donald Trump, permite rechazar a ciudadanos extranjeros, solicitantes de asilo incluidos, alegando motivos sanitarios, en este caso la pandemia de coronavirus. Un pretexto rechazado por las organizaciones de derechos humanos y que el Gobierno de Biden todavía no ha retirado

En este contexto, con México como una tensa sala de contención y bajo la presión de los Estados republicanos, con Texas a la cabeza, Biden anunció el 5 de enero la implantación de un nuevo programa para otorgar cada mes 30.000 permisos especiales a migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua que entraran por vía aérea al país. Entre los requisitos estaba que tuvieran alguien que los avalara en EE UU, que estuvieran vacunados y que solicitaran esta visa desde fuera de EE UU. Como contrapeso, se endurecían los castigos. Aquellos que trataran cruzar ilegalmente las fronteras de Panamá, México o Estados Unidos ya no podrían ser elegidos para este programa.

El exdirector del Instituto Nacional de Migración (INM) Tonatiuh Guillén lo denomina la ley de la mano y el garrote. “La parte positiva es que es un número grande de solicitantes, pero tiene un procedimiento muy selectivo: tienes que tener el patrocinador, capacidad a internet y condiciones para entender el procedimiento. Eso al final anula el derecho humano al asilo, porque un montón de gente queda excluida por este sistema”, explica quién fue el máximo responsable del aparato migratorio mexicano hasta su salida en 2019, tras las exigencias de mano dura de Donald Trump. “Además de que es muy contundente, si entras de manera irregular quedas descalificado y las personas no se quieren arriesgar a ser anuladas, por lo que se contiene el flujo: es el muro blando, más eficaz que el muro duro. Y más barato”.

El informe de Exteriores, que tiene el título “Medidas unilaterales de Estados Unidos sobre la implementación de la Sección 265 del Título 42 del Código de Estados Unidos”, dibuja un panorama de triunfo con esta nueva política. Según sus datos, las solicitudes de 26.000 venezolanos, 4.800 cubanos, 2.000 haitianos y 800 nicaragüenses han sido aprobadas para entrar por vía aérea a Estados Unidos este enero. “Esto representa que la nueva vía de acceso al mercado laboral estadounidense es ya una realidad”, se lee en el documento. “Con base en los datos, se observa un efecto positivo de implementar políticas públicas para una migración más ordenada, segura, regular y humana en beneficio de las personas migrantes”.

La contraparte de este programa, que se inició en abril con los ciudadanos ucranios y siguió en octubre con 24.000 permisos para venezolanos, es que México debe admitir que se devuelvan a su territorio a los migrantes de estas nacionalidades. Antes, los solicitantes de estos países, con los que el Gobierno de EE UU no tiene tratado de extradición, debían esperar en su lado de la frontera. Ahora, con el acuerdo con México, la Administración de Biden admite a los 30.000 que llegan por avión, con previa solicitud y proceso de selección, y puede enviar al resto a su vecino del sur —con un máximo, también, de 30.000 personas—.

Esto impacta, irremediablemente, en el sistema de asilo mexicano. Al cierre de este enero, la Comar ha superado cualquier récord de peticiones: más de 12.800 solicitantes —el año pasado en este mes fueron menos de la mitad, 5.800—, de los cuales 4.300 son haitianos. “El promedio mensual del año pasado fue 1.429, es decir, son casi tres veces más este mes, lo que nos coloca en los niveles de 2021, cuando tuvimos el récord histórico de 50.000 haitianos pidieron refugio”, explica a EL PAÍS Andrés Ramírez, titular de la Comar. Si hay una relación directa entre que ahora los haitianos puedan devolverse a México por el título 42, es pronto para decirlo, advierte Rodríguez, que no duda en afirmar que esta correlación sí se vivió con Venezuela desde octubre: “En el caso de los venezolanos fue contundente, todos los que expulsaron de EE UU hacia México no querían quedarse en México. No sabían qué hacer y en masa solicitaron asilo”. El informe de Exteriores recoge que entre octubre y enero se retornaron a 16.268 venezolanos bajo el título 42.

Estas devoluciones están terminando de presionar a una olla de por sí ya en ebullición. “Estamos trabajando en métodos más eficientes, hacemos todo lo que se puede, pero no somos magos”, explica el titular de la Comar, que alerta de que sin otras alternativas migratorias y con el exiguo presupuesto que manejan” el margen de mejora cada vez es menor”. El año pasado fueron casi 120.000 solicitantes, que se suman a los 130.000 del anterior. Las últimas políticas y el título 42 “no ayudan”: “Los migrantes ven nuestro sistema de asilo como un trampolín, hacerse de ahorros, y aplicar a estas visas especiales. Nosotros tenemos que velar para proteger a las personas, pero también el propio sistema de asilo, no convertirnos en una especie de agencia de viajes. Estamos al borde del colapso”.

Las visas especiales, ¿un freno temporal?

El informe de la cancillería no recoge qué evolución ha tenido en enero las detenciones de otras nacionalidades. De hecho, en diciembre, la mayoría de los arrestados en la frontera eran mexicanos, 48.179, según la CBP, seguidos de guatemaltecos (14.800), hondureños (13.100) y salvadoreños (4.800). Como advierte Tonatiuh Guillén, además, en estos últimos meses se ha incrementado la llegada de nuevos países como Perú, Ecuador o Colombia. “Esta política consigue bajar el flujo de venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses, y después, ¿lo hacen extensivo a otras? Y otra pregunta es: ¿qué está haciendo el Gobierno de México, con relación al flujo de mexicanos, que son el 30% del total? ¿Por qué empezaron a salir otra vez en 2020 después de más de una década de estabilidad? Además de motivos fundamentalmente económicos, es por cuestiones de desplazamiento interno por violencia e inseguridad”, incide el experto.

Las cifras de la CBP recogen aquellos casos de personas detenidas, pero se abre la brecha de qué ocurre con aquellas que cruzan pero no son “encontradas”. Hasta octubre, por ejemplo, los migrantes venezolanos cruzaban para entregarse a algún oficial estadounidense y empezar su proceso de asilo, desde entonces ya no pueden hacerlo porque son devueltos a México, lo mismo pasa ahora desde enero con cubanos, nicaragüenses y haitianos. Esto puede orillarlos al antiguo cruce irregular. “¿Este freno que estamos viendo es entonces una solución temporal? ¿Sostenible? O, ¿vamos a regresar al modelo previo del cruce irregular directo?”, pregunta Guillén. Para la Secretaría de Exteriores, de momento, estas medidas “ofrecen una vía inédita de ingreso ordenado al mercado laboral de EE UU. Y a su vez, esta cifra se traduce en creciente número de personas que ya no enfrentarán los riesgos de cruzar irregularmente la región”.