Se registraron manifestaciones en más de un centenar de ciudades del país contra una serie de medidas que van a limitar a la autoridad electoral y que, según sus funcionarios, dificultará garantizar elecciones libres y justas.
Más de 100.000 personas salieron a las calles de México el domingo para protestar las leyes recién aprobadas que restringen al instituto electoral del país, en lo que los manifestantes dijeron era un repudio a los esfuerzos del presidente de debilitar a un pilar de la democracia.
Vestidos en varios tonos de rosa, el color oficial del órgano de supervisión electoral que ayudó a terminar con el régimen de partido único hace dos décadas, los manifestantes llenaron el Zócalo de la capital y gritaron: “¡El voto no se toca!”.
Los asistentes dijeron que buscaban enviar un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien respaldó las medidas y reside en el Palacio Nacional, frente a la principal plaza de la capital.
Pero también se dirigían directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se espera que atienda las impugnaciones a las modificaciones al instituto electoral en los próximos meses. Muchos consideran que se trata de un momento que plantea un desafío crucial a la corte, que ha sido objeto de críticas por parte del presidente.
La mañana del domingo, los manifestantes también gritaron: “¡Yo confío en la corte!”.
Horas antes del inicio oficial de la protesta, los asistentes, algunos vistiendo camisas de botones bien planchadas y sombreros de paja, se reunían en cafeterías y tomaban desayuno en una terraza con vista a la sede de gobierno.
Pero en la calle, el ambiente era de ansiedad.
“Yo pagué mis propios gastos y mi estancia, pero no me pesa: haría eso y más por mi país”, dijo Marta Ofelia González, de 75 años, quien voló de Mazatlán, en el estado costero de Sinaloa, y llevaba una visera de paja para cubrirse de un sol intenso.
Acudió, dijo, porque teme “perder la democracia y que nos convirtamos en una dictadura”.
El presidente argumenta que los cambios van a ahorrar millones de dólares y mejorarán el sistema de votación. Pero los funcionarios electorales comentan que la modificación va a dificultar que se garanticen elecciones libres y justas, incluida la contienda presidencial del próximo año.
“Es la última esperanza”, dijo Guadalupe Acosta Naranjo, un exdiputado de izquierda y uno de los organizadores de la protesta. “Queremos generar un respaldo”, dijo, “para fortalecer la idea de que la Suprema Corte debe declarar inconstitucionales estas leyes”. De otro modo, agregó Acosta Naranjo, “tendríamos que ir a la elección con un árbitro parcial y un árbitro disminuido”.
No se sabía con certeza de inmediato cuántas personas protestaron en todo el país —se organizaron manifestaciones en más de 100 ciudades— a pesar de que las cifras solo en Ciudad de México superaron los 100.000 asistentes, según organizadores y autoridades locales.
Sobre las protestas se cernía la condena reciente en un tribunal de Brooklyn de Genaro García Luna, un exalto funcionario de seguridad mexicano, quien fue declarado culpable de recibir sobornos de los cárteles del narcotráfico: en México, el veredicto se percibe ampliamente como dañino a uno de los partidos de la oposición que ayudaron a organizar la protesta del domingo.
García Luna fungió como un funcionario de seguridad de alto rango durante más de una década con dos presidentes del Partido Acción Nacional —Vicente Fox y Felipe Calderón— que hicieron llamados públicos para que los ciudadanos se unieran a la protesta.
En las calles que recorrieron los manifestantes el domingo había afiches con el rostro de García Luna y la palabra “culpable”.
El presidente ha insinuado que a los manifestantes los motiva el deseo de devolver el país a manos de los líderes corruptos del pasado.
“Van a venir porque hay un grupo de intereses creados, de corruptos, que quiere regresar al poder para seguir robando”, dijo López Obrador en una conferencia de prensa reciente refiriéndose a los manifestantes del domingo. “No vengan aquí a decir: ‘Es que nos importa la democracia, es que se afecta la democracia’”.
Era la segunda vez en alrededor de cuatro meses que los mexicanos se habían manifestado en apoyo del instituto de vigilancia electoral, que el presidente y sus seguidores aseguran que se ha convertido en una burocracia inflada cooptada por intereses políticos.
“Tiene un poder desmesurado y desviado”, dijo Pedro Miguel, un periodista de La Jornada, un diario de izquierda, quien se describió como “militante” del proyecto político del presidente. Miguel criticó al INE por pagarle demasiado a sus integrantes, incluido un bono al retirarse.