La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó este miércoles a las autoridades nacionales competentes a emprender una investigación diligente, pronta e imparcial sobre los hechos violentos ocurridos la madrugada del domingo 26 de febrero en la colonia Manuel Cavazos Lerma de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en los que fallecieron cinco personas y una más resultó herida, como consecuencia del uso de la fuerza letal por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Según la versión oficial, los militares llevaban a cabo un reconocimiento de la zona para apoyar la seguridad pública cuando oyeron disparos y se dirigieron hacia el punto en que los habían escuchado. Al ir en camino vieron una camioneta que iba a exceso de velocidad, con las luces apagadas y sin placas que, al notar la presencia de los soldados aceleró para evadirlas, pero se estrelló más adelante con un vehículo que se encontraba estacionado. El impacto generó un estruendo y los integrantes del ejército reaccionaron accionando sus armas de fuego.

El último recurso

En un comunicado, la dependencia de la ONU recordó que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el empleo de las armas de fuego debe ser el último recurso, proporcional al objetivo legítimo que se persigue, con pleno respeto y protección de la vida humana.

“Toda muerte relacionada con el uso de la fuerza por efectivos militares debe ser investigada de forma independiente por las autoridades civiles, las cuales deben contar con toda la información y colaboración de las corporaciones concernidas”, apuntó el texto.

Durante los últimos años se han registrado situaciones similares en Nuevo Laredo, por lo que la Oficina de la ONU subrayó la necesidad de hacer un análisis objetivo y minucioso de las circunstancias en las que se utiliza la fuerza y, en particular, de las medidas “que se deberían adoptar para prevenir violaciones graves a los derechos humanos, así como para remover todos los obstáculos que enfrenta la procuración de justicia para garantizar el enjuiciamiento y sanción de los responsables”.

En este contexto, la Oficina llamó iniciar una investigación apegada a los estándares internacionales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

También urgió a las autoridades a tomar las provisiones pertinentes para proteger y atender debidamente a los sobrevivientes y testigos, así como a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, que han estado documentando lo ocurrido en un entorno adverso.

Finalmente, la ONU-DH expresó sus condolencias con los familiares de las personas fallecidas y reiteró su reconocimiento a la importante labor de los activistas de derechos humanos y periodistas que acompañan el caso.