En el Estado de México 76.9% de las personas ocupadas viven sin ingresos suficientes porque no cuentan con un “trabajo digno”, es decir, carecen de un salario que les garantice estabilidad en su vida y desarrollo económico.

El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Gilberto Sauza Martínez, explicó que derivado de un análisis y del Observatorio de Trabajo Digno de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, identificaron las áreas de oportunidad y retos que enfrenta el territorio mexiquense en lo que respecta a sus trabajadores, los ingresos que reciben y la situación que enfrentan en términos de condiciones laborales.

El estudio, dijo, se realizó a partir de datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como diferentes análisis sobre las condiciones laborales que hay en el territorio subnacional para ver si se cumplen o no el derecho humano al trabajo digno.

De acuerdo con los resultados, se identificó que 76.9% de las personas ocupadas en el Estado de México viven sin ingresos suficientes, lo que se traduce en 5.43 millones de habitantes, a esta cifra le sigue que 60.4 % del total los trabajadores (4.72 millones) viven sin seguridad social, mientras que 7% en la subocupación (546,000).

De los ocupados en el territorio mexiquense, 32.9% (2.57 millones) reportaron tener una jornada excesiva de trabajo, y 39.2% (2.09 millones de personas) sin prestaciones sociales.

El presidente de Concaem explicó que a partir de esta radiografía se pueden entender las presiones que vive la población en el Estado de México, tanto sus condiciones de movilidad social y al tipo de vida que puede acceder.

El empresario detalló que los trabajadores además de reportar que no cuentan con ingresos que les generen estabilidad en su vida y desarrollo económico, se suma que 2.87 millones de personas (54.1% de los ocupados) están preocupados porque no cuentan con un contrato laboral estable, e incluso, 4.66 millones de ciudadanos (88.4%) informaron estar sin afiliación sindical.

Para este proceso de diagnóstico, aseveró que la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza desarrolló la Escala del Trabajo Digno, con el que se pretende que por medio de cuatro niveles de clasificación laboral y un subnivel, se vea que la pobreza tiene como principal causa al sistema laboral actual, en donde como factor determinante destaca el salario y las condiciones precarias laborales.

A detalle

A partir de los resultados, se detalló que en el Estado de México hay 3.5 millones de personas sin trabajo y 5.8 millones de habitantes que viven sin un trabajo digno (integradas por 4.4 millones en la clasificación con trabajo informal, 824,000 en trabajo formal, pero sin salario suficiente, así como 598,000 con trabajo formal pero con salario sobrevivencia). En tanto, hay 347,000 habitantes con salario digno.

Los niveles de la escala son: “sin trabajo”, donde se evalúa la desocupación, el desempleo oculto, la exclusión de contratación por género; el siguiente nivel es “con trabajo informal”, en el que están las personas que trabajan sin protección social y sin derechos laborales.

Le sigue la clasificación “con trabajo formal, pero sin salario suficiente”, en este grupo los ingresos que se perciben no son suficientes para dejar atrás la pobreza, y se suman condiciones críticas de contratación; el siguiente nivel es “con trabajo formal pero con salario sobrevivencia”, en éste se concentran personas que superan el umbral de pobreza pero no logran un ingreso digno, sumado a que las prestaciones laborales tampoco son óptimas; el último nivel de la clasificación es “con salario digno”, en éste se concentran las personas que perciben ingresos altos y las mejores condiciones laborales.

Acciones

Ante este panorama, el empresario añadió que es “indispensable” generar un equilibrio entre el valor de las y los trabajadores, así como sus condiciones de ingreso y protección que reciben.

Para ello, Sauza Martínez expuso que se requieren políticas públicas que, desde el ámbito gubernamental, fortalezcan las competencias (habilidades, conocimientos y actitudes) de quienes forman parte de la fuerza productiva de la entidad, pero también se debe ver que el sector privado garantice las condiciones.

“Ese salario digno no llega en razón de que las y los colaboradores no cuentan con las habilidades suficientes para ser mucho más eficientes en su empleo y generar valor agregado a lo que realizan. Por ello, la apuesta debe ser la especialización en lo técnico y la generación de habilidades blandas que permitan aumentar la rentabilidad de las unidades económicas”, dijo.