Daniel García y Reyes Alpízar se levantan con cuidado el bajo del pantalón y ahí, en cada tobillo izquierdo, sobresale atado un brazalete negro. Es el grillete electrónico que controla que no salgan del Estado de México y el que ha impedido que acudan este viernes a su propia audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Brasilia. García y Alpízar pasaron más de 17 años en prisión preventiva oficiosa, el tiempo más largo que alguien en México ha estado en la cárcel sin sentencia, acusados del homicidio de la regidora panista María de los Ángeles Tamés en 2001. Un crimen, repiten, que no cometieron.

Su caso contiene la amalgama completa de violaciones a los derechos humanos: fueron detenidos sin orden judicial, torturados, procesados con pruebas fabricadas, sus familias fueron arrestadas y amenazadas. Ahora se enfrentan contra el Estado mexicano en el alto tribunal internacional y el choque ya ha movido algunas piezas en el país.

A su sombra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha anunciado que va a discutir la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Esta figura, recogida en el artículo 19 de la Constitución, permite enviar a la cárcel de forma autómatica a los acusados de una serie de delitos graves, que van desde el homicidio hasta el robo a casa habitación, en la fase preliminar de la investigación. En México, cuatro de cada 10 personas están tras las rejas bajo el principio preventivo, en total más de 90.000, según datos de la Secretaría de Seguridad.

El caso de García y Alpízar es ahora un ariete contra esta criticada figura. Si la CIDH se pronuncia a su favor puede obligar a México a reformar su Constitución. Esa sería —dicen los dos hombres— la verdadera recompensa a 20 años de “horrores y terrores”.

A las 11 de la mañana del 25 de octubre de 2002, Reyes Alpízar esperaba el autobús para ir a cuidar a su madre, enferma de alzhéimer. Han pasado dos décadas y este artesano mexicano no ha olvidado un detalle de la mañana en la que ya no pudo regresar a casa. Relata con precisión el color y la marca de los coches que llegaron a por él, los policías que lo acorralaron, encañonaron, tiraron al suelo —”¿es un asalto o un secuestro?”, pensó—, también los primeros golpes y el nombre de las calles donde lo tuvieron esperando; recuerda la playera blanca tipo chemise de los agentes uniformados de la PGR, al señor con traje azul y anillos en los dedos que se llevó su documentación, el atropello de amenazas: “¿Cuántos balazos le metiste? No te hagas pendejo. Me vas a cantar hasta las mañanitas. Vas a confesar hasta las canicas que te robaste de pequeño”.

Alpízar es un hombre altísimo, de pies y manos grandes. Este jueves va vestido con camisa de cuadritos y jeans oscuros. Sonríe siempre amable. Lo acompañan su esposa, Guillermina, y algunas de sus hijas. Al llegar al ascensor de la torre donde vive Daniel García, Reyes se estremece un poco. “La primera vez que vine aquí me dio mucha impresión. El elevador y los colores se parecen mucho a los de la subprocuraduría”. En el sótano que esa dependencia tiene en Tlanepantla, este mexicano fue interrogado y torturado brutalmente durante tres días en 2002.

“Todos los agentes querían darme algún golpe, eran 20 o 25″, dice, y enumera: patadas en las costillas, ahogamientos, descargas eléctricas, quemaduras y asfixia con bolsas de plástico. “Lo de los bolsazos es lo más canijo”, confiesa, “la desesperación cuando se te pega la bolsa a la cara es muy cabrona, tratas de morderla, el cuerpo se rebela, y ellos te empiezan a pegar, te pisan los pies. Oyes las risas a lo lejos. Estás aquí y estás muy lejos”. En varios momentos Alpízar cayó inconsciente, también tuvieron que llevarlo al hospital a causa de las heridas, de las que todavía guarda secuelas.

“Llegó un punto que no pude más. Me hicieron firmar documentos que yo desconocía su contenido”, relata. En esos textos, Reyes Alpízar acusaba a Daniel García, a quien no conocía entonces, de haber pagado 300.000 pesos para encargar el asesinato de la regidora. Con esa firma torturada los ataba a ambos a la cárcel.

Un asesinato sin asesino

A María de los Ángeles Tamés la mataron de cinco disparos en la puerta de su casa en septiembre de 2001. Unos meses más tarde, el 25 de febrero de 2002, la Fiscalía del Estado de México detuvo a Antonio Domínguez, alcalde de Atizapán de Zaragoza, y a Daniel García, su secretario. Los acusaba de haber mandado asesinar a su propia regidora porque esta iba a desvelar una presunta trama de corrupción en el consistorio.

“Me quisieron obligar a firmar unas declaraciones autoinculpatorias, y que señalaban al presidente municipal y a un senador del PAN. Me negué. Y me dijeron: ‘Si no firmas, vamos a detener familiares tuyos, y vamos a llegar a uno que te va a doler más que otro”, relata García a EL PAÍS. Arrestaron a su padre, a su hijo, a su hermano y a cuatro primos. Más adelante tuvieron que dejarlos en libertad a todos por falta de pruebas. García enmarca esta estrategia en un momento político en el que el PRI, que había estado décadas ininterrumpidas en el poder, se lanzó a perseguir a los políticos de otros partidos.

Según la narrativa de la Fiscalía, Domínguez y García habían encargado a un tal Jaime Martínez el asesinato de la regidora. El papel de Reyes —que no aparece hasta el tomo 12 de la carpeta de investigación— en ese primer momento era presuntamente acompañar a Martínez a recibir el dinero y cometer el ataque. El Ministerio Público sustenta esta acusación en varios testimonios que aseguraron que Martínez y Alpízar les habían mostrado el dinero y contado del crimen. Simón Hernández, abogado de Daniel García, apunta que nunca se presentó a estos testigos, solo se aportó su declaración por escrito. Solo uno de ellos, Raúl Loyola, llegó ante el juez: dijo haber sido golpeado para firmar ese documento.

El caso da un vuelco cuando se desvela que Jaime Martínez, sobre quien se sustentaba toda la acusación, estaba preso en el penal de Tula, en Hidalgo, el día que tuvo lugar el homicidio. La carpeta amenaza con desmoronarse. Entonces Reyes Alpízar pasa a convertirse, para la Fiscalía, en el autor material del crimen.

Tres años después, tras un amparo y por falta de pruebas, el juez deja en libertad al presidente municipal, Antonio Domínguez, y mantiene a Daniel García. “Ese es el parteaguas de mi vida, el momento más dificil. Ni el arraigo, ni el inicio de la prisión”, dice García sobre ese día de 2005. “Él se va un viernes noche. Después de él ya no venía nadie en las audiencias. Me acuerdo de haber visto a mi padre, al fondo del juzgado, y nos sentimos ya acabados, solos, sin perspectiva alguna. Es en ese momento cuando Reyes y yo hacemos un pacto: hasta donde lleguemos, pero aquí hay que pelear, porque ni tú ni yo matamos a esa muchacha”.

Pasaron los años y Daniel García trabajó como bibliotecario en la prisión, empezó a aprender leyes, se convirtió en su propio abogado. Reyes Alpízar, desde otra cárcel, sobrevivió vendiendo sus artesanías: pinturas al óleo, animales tallados en madera, pequeñas esculturas. Una de las hijas de Daniel García, que tenía 12 años cuando él entró en la cárcel, decidió estudiar también derecho para poder defender a su padre. La esposa de Alpízar, Guillermina, combinaba tres trabajos para poder dar de comer a sus ocho hijos.

Gracias a la presión del grupo de trabajo de la ONU y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que dejaron acreditadas las torturas y las irregularidades en el proceso, Daniel y Reyes salieron de la cárcel en 2019. Quedaron bajo prisión domiciliaria con el bracalete electrónico. Hoy, desde su móvil, Guillermina reproduce el vídeo de ese día y todavía se emociona. “Mi hijo chiquito abrazó a Reyes y le dio un beso. ¿Cuántos besos de su padre le habrán faltado?”, pregunta. En mayo de este año, un tribunal del Estado de México dio la sentencia definitiva contra los dos hombres: los condenó a 37 años de cárcel por el homicidio.

La polémica prisión preventiva oficiosa

En la audiencia de este viernes está en juego que la CIDH considere a México responsable de haber violado los derechos humanos de Daniel y Reyes, en concreto el de la libertad personal, al debido proceso, a la integridad personal y a la prohibición absoluta de la tortura. Todos los abogados consultados por EL PAÍS apuntan a la alta probabilidad de que la resolución de la Corte vaya en esa dirección.

En ese caso, explica el abogado especializado en derechos humanos Luis Tapia, la CIDH sancioinará al país y ordenará una reparación. Por un lado, están las indemnizaciones por el daño material y moral causado a las víctimas, y por otro, las medidas de no repetición “que son las que impactan no solo al caso sino que pueden generar precedentes para que este caso no se repita”. En estas se incluiría la prohibición de la polémica prisión preventiva oficiosa.

“La Comisión Interamericana ya ha declarado en otras ocasiones que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional”, señala Adriana Greaves, codirectora de la organizadora Tojil. El derecho mexicano contempla dos tipos de prisión preventiva: justificada y oficiosa. La primera obliga a la Fiscalía a presentar evidencias de que el acusado debe seguir el proceso judicial en la cárcel, bien por riesgo de juga, de entorpecer el proceso penal o por hacer daño a la víctima. Sin embargo, la oficiosa basta con que el juez vea indicios mínimos de que debe continuar la investigación para que el denunciado vaya directo a prisión sin necesidar de argumentar por qué. Se aplica en un catálogo de 16 delitos, ampliado recientemente por el Gobierno de López Obrador, defensor de esta figura. “Esta es la que no aceptan los tratados internacionales porque en México es arbitraria y se ha convertido en la regla”, apunta Tapia.

Esa es la diana de hoy en la CIDH. La sentencia del caso de estos dos mexicanos —cuya resolución está prevista para los próximos meses— impactará en el futuro legal de miles de personas en las prisiones de México. En el comedor de su casa, un día antes de la audiencia, se despide Daniel García: “Estamos ansiosos, pero satisfechos, porque estamos ante algo inaudito, algo histórico”.