Un nuevo reporte del grupo Global Witness indica que 54 activistas de los derechos de la tierra fueron asesinados en México el año pasado; la cifra supera a los incidentes registrados en otros países del mundo.
Se esfumó antes del amanecer, cuando estaba afuera en una de sus caminatas matutinas habituales. Tres semanas más tarde, Tomás Rojo fue hallado muerto. Su cuerpo estaba en tal mal estado que tuvieron que hacer una prueba de ADN para confirmar su identidad.
Rojo, un líder de la comunidad indígena yaqui en el norte de México, fue exhumado de una fosa sin señalización donde estaba enterrado cerca del río Yaqui, que da sustento a la comunidad y sus tradiciones y que él defendió durante gran parte de su vida.
Los yaquis han estado enzarzados en una batalla de décadas con el gobierno federal por el control del río, un enfrentamiento que se exacerbó en 2013 por la construcción de un gran acueducto para desviar agua hacia la capital del estado.
“Era una persona muy sencilla, muy vaciladora, muy alegre, muy inteligente”, dijo Isaac Jiménez, un amigo de toda la vida, secretario de la comunidad y también activista. “Le aprendí muchas cosas de él en la cuestión de la lucha contra los malos gobiernos que hemos tenido, que es la lucha constante”.
Jiménez dijo que cree que a su amigo lo atacaron debido a su activismo.
La muerte de Rojo forma parte de una sombría tendencia: fue uno de los 54 ambientalistas o activistas por los derechos de la tierra que fueron asesinados en México el año pasado, según un reporte de la organización ambiental Global Witness publicado esta semana. La cifra convierte al país en el más mortífero del mundo para los activistas ambientales.
“En México, el año pasado tuvimos cuatro matanzas o masacres”, dijo Ali Hines, autora principal del informe. “Eso transmite un efecto escalofriante”.
Y añadió que el mensaje que manda es que “no se trata de alguien en particular, sino que ninguno está a salvo”.
Los ataques contra activistas son parte de un patrón regional más grande: La combinación de recursos naturales vastos, empresas internacionales poderosas, grupos criminales violentos y una corrupción gubernamental arraigada ha hecho que América Latina se convierta en un punto neurálgico de violencia.
Más de tres cuartas partes de los ataques registrados contra ambientalistas en todo el mundo ocurrieron en la región según el informe, que también indica que es probable que en los datos de Global Witness exista un “un subregistro porque muchos asesinatos no se denuncian”.
“Esto es un problema global”, dijo Hines. “Pero una de las razones por las que tenemos un alto número de asesinatos en América Latina es porque hay una sociedad civil fuerte y activa que monitorea activamente los asesinatos”.
El informe, según Global Witness, se elaboró a partir de una revisión de información creíble y disponible al público en internet, y fue corroborada por organizaciones en el campo “cuando era posible o necesario”. Para formar parte del informe, los reportes de ataques deben incluir detalles específicos sobre la muerte así como información biográfica de la víctima.
“Tiene que establecerse un vínculo muy claro entre el trabajo de un activista como defensor de la tierra y el medioambiente y su asesinato”, dijo Hines.
Más de la mitad de los ataques del año pasado en todo el mundo ocurrieron en apenas tres países: Brasil, Colombia y México. Este año, los ataques han continuado en esas naciones; en junio, un periodista y un activista por los derechos indígenas fueron asesinados en la Amazonía brasileña.
Colombia, que fue el país más mortífero para los ambientalistas en 2020, presentó una reducción de casi la mitad en los asesinatos del año pasado, pero con las 33 muertes registradas en 2021 sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del planeta para quienes trabajan a favor del medioambiente.
Las continuas disputas por la tierra, un problema que ha sido el centro de las décadas de conflicto interno de Colombia, han convertido a los activistas que defienden el territorio —como los líderes indígenas y afrocolombianos— en objetivos principales.
El acuerdo de paz de 2016 que prometió protección estatal y servicios en zonas afectadas por la guerra no ha sido implementado de forma adecuada, indican los expertos. En ocasiones, los ambientalistas son los únicos protectores de los ecosistemas que los grupos armados codician debido a la minería ilegal y el cultivo de la coca, la planta usada en la producción de cocaína.
Lourdes Castro, vocera de Somos Defensores, el socio de Global Witness en Colombia, indicó que las amenazas y los intentos de homicidio aumentaron el año pasado para todos los activistas. En algunos casos, las amenazas bastaron para amordazar a los activistas.
“Algunos se han quedado callados por el miedo, pero para nosotros esa no es una opción”, dijo Luz Mery Panche, líder indígena de Colombia y activista en la selva amazónica.
En México, donde los cárteles de la droga y otros grupos criminales se enfrentan por el control del territorio, la violencia es generalizada: más de 35.000 personas fueron asesinadas en el país el año pasado. Pero mientras las organizaciones delictivas se multiplican y propagan, sus actividades se han diversificado más allá del narcotráfico, lo que las ha puesto en conflicto con los grupos indígenas y los activistas del medioambiente.
Según Global Witness, el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación ha hecho incursiones en la minería ilegal, perpetrando “violencia contra la comunidad indígena con total impunidad y sin una respuesta adecuada por parte del Estado mexicano”.
Arturo, un activista ambiental en el occidente de México, dijo que los grupos criminales “explotan la madera, explotan las minas y los recursos pesqueros, lo que haya”.
Arturo, quien pidió que solo se usara su segundo nombre por temor a las represalias, dijo que había recibido amenazas de un integrante de un cártel local. Como en gran parte del país, la corrupción en los gobiernos estatales y municipales hacen que una situación difícil se vuelva aún más peligrosa.
“Los gobiernos a nivel local están completamente ocupados por los cárteles y por el crimen organizado”, dijo Arturo.
Si bien la corrupción es especialmente preponderante en México, que está en la posición 124 en la lista de 180 países del índice de corrupción de Transparencia Internacional, esta problemática afecta a los activistas de toda la región, según Global Witness.
“Tienes corrupción en el sistema judicial, donde los defensores tratan de buscar justicia por los daños que les han causado, y ves cómo los funcionarios judiciales son sobornados”, dijo Hines. “En muchos casos, hay gobiernos que impiden activamente las investigaciones debido a la colusión con las empresas”.
Una impunidad profundamente arraigada empeora la situación pues los perpetradores de los ataques rara vez son llevados ante la justicia.
En México, “tienes casos en los que los defensores son asesinados, y rara vez son investigados de manera creíble, sin importar si alguien es llevado ante la justicia”, comentó Hines. “Ese es un factor clave de los asesinatos porque eso solo le da luz verde a los perpetradores”.
En la región Yaqui, donde los cárteles actúan ampliamente, tres hombres han sido detenidos en conexión con el asesinato de Rojo, pero hasta ahora se desconoce quién es el autor intelectual del crimen, dijo Jiménez.
“No ha avanzado la cosa, ya se murió, ya lo mataron, pero ¿quién lo mandó a matar?”, dijo Jiménez. “Es desesperante”.
En ocasiones los ambientalistas simplemente se esfuman. Solo en la comunidad yaqui, ocho personas desaparecieron el año pasado y si fueron víctimas de homicidio podría ser difícil hallarlas. A menudo, los cuerpos son escondidos o destruidos, lo que deja poca evidencia del crimen. Se trata de una práctica generalizada en México conocida como desaparición forzada: más de 100.000 personas son consideradas como desaparecidas desde 1964, según las cifras del gobierno.
En 2021, Global Witness registró 19 desapariciones forzadas de activistas de los derechos territoriales en México, entre ellos Irma Galindo Barrios, una ambientalista, quien en repetidas ocasiones enfrentó acoso e intimidación de funcionarios locales debido a su trabajo en defensa de los bosques del estado de Oaxaca. Desapareció en octubre pasado y, desde entonces, no se ha sabido más nada de ella.
La violencia ha continuado este año. En marzo, un activista ambiental indígena, José Trinidad Baldenegro, fue asesinado en el estado de Chihuahua, al norte del país. Su hermano, Isidro Baldenegro, un ambientalista conocido, fue asesinado en 2017.
A pesar de los riesgos, muchos ambientalistas siguen comprometidos con la preservación de su tierra y sus recursos.
“A uno, desde pequeño le inculcan: ‘Tú tienes que pelear por los intereses de la tribu, la tierra, el agua’”, dijo Jiménez, el activista yaqui. “Seguimos avanzando con la gente, la gente es la que nos hace fuertes”.