El funcionario, quien calificó de «preocupante» el último informe mundial de drogas de Naciones Unidas (ONU) que reportó un aumento sin precedentes de la fabricación de cocaína, insistió en que ahora, con la llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia, es el momento oportuno para encontrar puntos en común entre los países productores de esta sustancia con miras a «mejorar los mecanismos» y «modificar los términos de intercambio» con organismos internacionales.
«Por primera vez en la historia reciente de América del Sur habrá tres Gobiernos (Perú, Colombia y Bolivia) que tienen un interés particular en revisar la forma como abordamos problemas que nos afectan en conjunto», resaltó, tras recordar que la cooperación internacional a los países andinos «viene reduciéndose» en los últimos años, salvo en Bolivia.
Precisó que uno de los componentes que habría que plantear a la ONU, a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es que «no son suficientes los mecanismos del libre mercado» para impulsar el desarrollo de productos alternativos a la hoja de coca, la materia prima de la cocaína.
«Hay que entregarle un plus a los productos (…) que sustituyan la coca. Eso debe de pagar(se), si no es (con) un bono, por lo menos (con) condiciones favorables de mercado», dijo el presidente de Devida.
Y esbozó un segundo planteamiento: «El norte, por decirlo de alguna manera, nos exige a nosotros reducción de oferta (de droga) (…), quisiéramos la misma acuciosidad para evidenciar cómo Alemania, Inglaterra, Francia, Bélgica, España, Italia, no pueden detener la demanda creciente de cocaína«.
Insistió en que la tendencia al alza de los consumidores mundiales de cocaína, que escalaron de 14 millones en 1998 a 21 millones en 2020, principalmente concentrados en Europa y Norteamérica, «se convierte en un factor absolutamente determinante» de las políticas nacionales antidrogas.
Ucayali, nuevo foco cocalero
Sobre las estrategias del Gobierno peruano para combatir el narcotráfico, que en la última década sumaron más de 500 millones de dólares, Soberón destacó los esfuerzos para articular un «pacto social» entre el Estado y la población para reducir los cultivos de hoja de coca con fines ilícitos y contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región andino-amazónica del país.
Además, reveló que desde enero hasta la fecha las autoridades del país andino erradicaron de manera forzosa 10.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, aunque el objetivo para fines de año es triplicar la cifra de 2020 y alcanzar las 18.000 hectáreas.
En paralelo, y través del pacto social, Devida se trazó la meta de reducir 1.000 hectáreas de cultivos de manera voluntaria en el céntrico Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la mayor cuenca cocalera de Perú, considerado el segundo productor mundial de cocaína al producir entre 400 y 600 toneladas métricas al año.
El camino para esta erradicación voluntaria, agregó Soberón, parece haberse allanado ante la «situación de abandono» por la que está atravesando ahora el Vraem debido al desplome de los precios de la hoja de coca, la pasta básica y el clorhidrato de cocaína.
Las alarmas, en cambio, se están desviando hacia la selvática región de Ucayali, que ya es un «nuevo foco cocalero» que «preocupa» a las autoridades peruanas. Al colindar con Brasil, este departamento goza de una localización estratégica para las rutas del narcotráfico.
Tan solo entre 2020 y 2021, según precisó el presidente de la oficina antidrogas, los cultivos de arbusto de hoja en Ucayali casi se triplicaron, al pasar de 3.810 hectáreas a 10.220.
En la zona de Aguaytia, en Ucayali, el incremento registrado el año pasado en la superficie cultivada de hoja de coca fue del 82%, mientras que en Callería, en el mismo departamento, la subida fue del 145%.
